Por Maggie Videla
La apertura de una mina nos puede generar cierta incertidumbre en cuanto a la cantidad de recursos que tiene y cuánto vamos a lograr producir. Pero tiene una certeza: como los recursos son finitos y no renovables, en algún momento esa mina se va a cerrar.
Por lo tanto, el cierre y post cierre de una mina es un componente técnico/ambiental de importancia estratégica en todo proyecto minero. No podemos abrir una mina si no está claro cómo la vamos a cerrar. En la actualidad, es inadmisible una operación que no incluya desde sus inicios, todos los aspectos técnicos, económicos y sociales acerca del final progresivo de la mina. Países a la vanguardia en materia de producción minera como Australia, Canadá, Chile y Perú, entre otros, poseen regulaciones claras al respecto que resultan claves a la hora de asegurar que la actividad no representará un riesgo en materia ambiental luego de su finalización.
Por el contario, Argentina no posee legislación en materia de cierre y esto es un déficit importante que atenta contra la actividad minera, ya que perjudica tanto a las comunidades como a las empresas. Las comunidades necesitan asegurarse que el cierre de las minas no generará problemas ambientales futuros y las empresas necesitan un marco regulatorio que establezca los estándares que deben cumplir y den certezas a esas comunidades.
Comenzar a discutir estas normas es importante y urgente, ya que la actividad en nuestro país posee minas en condiciones de iniciar la etapa de Cierre. Los casos de Mina Bajo la Alumbrera (Catamarca), Mina Pirquita (Jujuy) y Mina Manantial Espejo (Santa Cruz), son una muestra de la necesidad imperiosa de poder demostrar que esta tarea se llevará adelante de manera responsable, y que no ocasionará ningún tipo de inconveniente ambiental que contribuya al cuestionamiento de la actividad industrial minera en Argentina.
¿QUE ES UN PLAN DE CIERRE EN MINERÍA?
El concepto de cierre de mina puede definirse como un conjunto de procesos y actividades que interactúan de manera coordinada y ordenada en procura de compensar, corregir, mitigar y prevenir los impactos que pudieran generarse por efecto de las actividades productivas mineras de un proyecto, luego de que haya finalizado su vida útil.
La necesidad de legislar esta etapa de la actividad surge en los años ´80 y son Canadá y Estados Unidos quienes para esa época desarrollan documentos con este propósito.
El plan de cierre de las áreas mineras y una implementación exitosa del mismo no hará que la zona vuelva a su estado natural previo a las actividades extractivas y, de hecho, las áreas pueden presentar cambios en distintos grados de acuerdo al tipo de minería que tuvo lugar, pero está destinado a asegurar que en el sitio no haya nada que pueda representar un peligro y a minimizar los posibles riesgos ambientales.
Las actividades principales del Cierre incluyen, por lo general, la estabilización de los taludes, el modelado de la topografía en los desmontes y posterior re-vegetación de las áreas alteradas, la demolición y/o remoción de infraestructura, rehabilitación y construcción de instalaciones para el manejo de agua a largo plazo, así como otras actividades secundarias necesarias para asegurar el éxito del cierre. Dependiendo de los factores específicos para cada operación minera, el período de cierre puede variar de varios meses a varios años luego del término de la explotación.
La fase pos-cierre comienza cuando las actividades de cierre han terminado. Durante el pos-cierre, las actividades del lugar por lo general se limitan a un cuidado y mantenimiento a largo plazo, que incluyen seguridad, monitoreo, inspecciones, mantenimiento de las vías de acceso y, en algunos lugares, tratamiento del agua de manera continua o periódica para lograr los objetivos requeridos. El periodo de pos-cierre continúa mientras sea necesario, para verificar que se hayan cumplido los objetivos del cierre y el lugar sea estable a largo plazo. Esto puede tomar un período de varios años o puede ser indefinido, dependiendo de muchos factores, incluyendo la necesidad de tratamiento de agua a largo plazo. Por eso, la sustentabilidad de un proyecto minero no depende sólo de la etapa productiva, que es tal vez la de mayor visibilidad, sino que el cierre y post cierre son fundamentales para lograr este objetivo.
APORTES PARA UNA LEGISLACIÓN NECESARIA
La normativa internacional provee de un marco conceptual referente en la materia y en resultados, la cual se puede tomar como base siempre que la adaptemos a la estructura institucional de nuestro país. Por ejemplo, en Canadá la legislación minera es potestad de las provincias. Cada una controla la exploración, desarrollo, conservación y administración de recursos minerales dentro de sus fronteras políticas, no existiendo una Ley Marco Nacional en la materia a la cual adherir o tomar como base para generar legislación propia. Desde la década del ´80, se han establecido varias regulaciones a lo largo del país para que las compañías mineras rehabiliten las áreas una vez que hayan terminado su trabajo en la zona. Hoy por hoy, en la totalidad de las provincias es una obligación presentar los planes de cierre y abandono de minas y además de los pasivos ambientales como parte de la evaluación ambiental del proyecto. Es común acompañar estos planes con garantías constituidas mediante la expedición de bonos cuya cobertura incluya la implementación.
En Perú, que es el país donde la minería tiene mayor incidencia en su PBI en nuestra región, existe una ley específica de cierre y abandono de minas, donde se estipula que el objetivo del plan de cierre es la prevención, minimización y control de los riesgos y efectos sobre la salud, la seguridad de las personas, el ambiente, el ecosistema circundante y la propiedad, que pudieran derivarse del cese de las operaciones de una unidad minera. La ley excluye el tratamiento de los pasivos ambientales, lo que le otorga cierta debilidad desde el momento en que quedan caracterizados y acotados los pasivos, pero no hay obligatoriedad en cuanto a su minimización y/o tratamiento. La obligatoriedad de ejecución y presentación de los planes de Cierre es para todos los titulares mineros, sin diferenciar el mineral extraído, cantidad de producción u otra característica específica. El contenido del plan es similar a lo exigido en Canadá. Las medidas de rehabilitación, su costo, los métodos utilizados y la constitución de las garantías ambientales y financieras son los ítems más sobresalientes.
En el caso de Chile, otro país con un desarrollo de la minería metalífera importante, la regulación en materia de cierre de minas es relativamente nueva. Garantiza el cierre de operaciones en forma sostenible, es exigible para todas las minas y los planes deben ser aprobados por el SERNAGEOMIN (Servicio Nacional de Geología y Minería). En el caso de producciones inferiores a 10.000 toneladas/año, no es necesario constituir garantías financieras. Cuando debe aplicarse la garantía, esta cubre el periodo completo de operación del proyecto hasta el término de su vida útil, así como las medidas de seguimiento y control requeridas para la etapa post-cierre.
Las compañías tienen 15 años para realizar pagos escalonados equivalentes al costo del plan de cierre, lo que proporciona fondos suficientes al gobierno para financiar el plan si la compañía no lo hace. Las firmas también deben reevaluar el plan de cierre y los costos asociados, a medida que la operación minera evoluciona. El Estado devuelve la garantía si la empresa cumple con su plan de cierre, de lo contrario ejecuta el cierre con el monto cubierto por la garantía.
Estas normativas internacionales nos muestran que la problemática del cierre de minas es una cuestión que debe regularse para garantizar las mejores prácticas. Sin embargo, todavía nuestro país no ha generado legislación en esta temática, lo que es un punto débil para garantizar un desarrollo minero sustentable.
En la práctica, en nuestro país, los titulares de proyectos describen los Planes de Cierre en los Estudios de Impacto Ambiental de la explotación, tomando como modelos algunas de las exigencias que hemos visto en la normativa de otros países, dejando en manos de las diferentes autoridades de aplicación, según cada provincia, la aprobación de los mismos y la disposición o no, de obligaciones o condicionamientos adicionales sin normativa alguna como referencia.
El desarrollo de nuestro potencial minero implica la necesidad urgente de una Ley Nacional específica que regule para nuestro país la etapa del Cierre de Minas, que otorgue homogeneidad jurídica a todos los que desarrollen la actividad minera y que sea un instrumento de gestión ambiental válido frente a cualquier cuestionamiento que pudiera existir.
Así como la Ley 24.585 marcó las bases para la gestión ambiental en la actividad a nivel nacional, resultando un modelo y una línea de base para que las diferentes jurisdicciones adhieran y/o sancionen normas particulares de aplicación en sus ámbitos, hoy es imprescindible una normativa que regule el Cierre de esta actividad extractiva.
Una buena normativa impulsará el desarrollo de una industria minera responsable en nuestro país. Tenemos riqueza geológica, capacidad profesional y proveedores con experiencia en el sector. Para abrir todo este potencial es necesario que Argentina se instale como un jugador a nivel mundial con una legislación que garantice la sustentabilidad de los distintos proyectos. Hemos avanzado mucho para lograr las inversiones necesarias, pero la legislación sobre el cierre de minas sigue siendo una asignatura pendiente
Por Art Berman.
Esta investigación realizada por Art Berman sobre el pasado, presente y futuro del shale gas en Norteamérica es una gran oportunidad para comprender la naturaleza de estos recursos, que hoy en día aportan cerca del 40% del gas estadounidense. Teniendo en cuenta que Argentina es la segunda reserva de recursos técnicamente recuperables del shale, y de su desarrollo depende el logro de un autoabastecimiento energético sostenido para nuestro país e incluso tener capacidad para transformar a nuestro país en un exportador de energía.
Más allá de todo esto, debemos tomar este análisis y enmarcarlo dentro de su contexto, ya que hay grandes diferencias entre Estados Unidos y Argentina (como la ubicación de las formaciones o el consumo de cada país), y son esas diferencias las que auguran un futuro mucho más promisorio para el shale en nuestro país.
EL SHALE GAS NO ES UNA REVOLUCIÓN
El shale gas no es una revolución. Es sólo otro proyecto con una estructura de costos algo mayor y una base de recursos más grande que el gas convencional.
El costo marginal de producción de shale gas es de US$ 4 el millón de BTU, a pesar de opiniones sin fundamento técnico que suponen un precio menor. El precio spot promedio del gas ha sido de US$ 3,77 y ya que el shale gas se ha convertido en el factor sustentador en el suministro de los EE.UU (2009-2017), los precios de mediano plazo deberían, lógicamente, promediar alrededor de US$ 4 el millón de BTU.
Sin embargo, una consideración crucial a tener en cuenta será la disponibilidad de capital. Los mercados de crédito han estado dispuestos a apoyar la perforación de shale gas no rentable desde el colapso financiero de 2008. Si ese apoyo continúa, los precios a mediano plazo del gas podrían ser más bajos, tal vez en el rango de US$ 3,25 el millón de BTU. El precio spot promedio para los últimos 7 meses ha sido US$ 3,13.
Los modelos de suministro de gas en los últimos 50 años han sido sistemáticamente erróneos. Durante ese período, los expertos coincidieron en que las condiciones existentes de abundancia o escasez definirían el futuro previsible. Eso llevó a miles de millones de dólares de inversión desperdiciada en instalaciones de importación de GNL.
Hoy en día, la mayoría de los expertos asumen que la abundancia de gas y el bajo precio definirán las próximas décadas debido al shale gas. Esto llevó a una inversión masiva en instalaciones de exportación de GNL. Tanto el supuesto como su corolario de inversión deben examinarse cuidadosamente a través de la lente de la historia.
La lente de la historia
Los últimos 40 años se han caracterizado por dos períodos de suministro continuo de gas y dos periodos de escasez de estos recursos. La oferta fue ajustada desde 1980 hasta 1986, y los precios del gas promediaron US$ 5,57 el millón de BTU (todos los valores en este informe son de abril de 2017 dólares). El suministro normal se restableció de 1987 a 1999, y los precios del gas promediaron US$ 3,24 el millón de BTU.
En la figura 1 podemos ver el costo promedio del gas en los últimos 40 años y la producción de las diversas formaciones shale desde el 2000 en adelante.
La escasez volvió de 2000 a 2008, y los precios promediaron US$ 7,72 el millón de BTU. La producción de gas de shale gas comenzó en la formación de Barnett en los años noventa. El desarrollo de otras formaciones shale culminó con el gigante Marcelus que posibilitó el retorno a los volúmenes normales de oferta. Por su parte, los precios desde 2009 han promediado US$ 3,77 el millón de BTU.
Debido a que los precios cayeron alrededor del 50% con el crecimiento de la producción de shale gas, hay quienes asumen que este tipo de gas es de bajo costo. Esto sólo es cierto en comparación con el período anterior de altos precios que resultó de la escasez de recursos, pero no se comparó con los precios del gas convencional durante períodos de suministro normal.
El precio promedio del gas los últimos 40 años (desde 1976) fue de US$ 4.70 el millón de BTU, y si excluimos los períodos de escasez, ha sido US$ 3,40. El costo promedio del gas convencional entre 1987 y 2000 fue de US$ 3,42 el millón de BTU. Durante el período de dominio del suministro de shale gas (2009-2017) los precios han promediado US$ 3,77 el millón de BTU (Figura 2).
Modelos equivocados de suministro de gas y la solución errónea para el GNL
La lección de la historia es que el suministro de gas estadounidense es altamente incierto. La oferta normal caracterizó el 60% del período desde 1976, pero la escasez caracterizó el 40% restante. Durante cada episodio de suministro normal o limitado, los expertos coincidieron en que las condiciones existentes definirían el largo plazo. Siempre estaban equivocados.
El gas natural barato y regulado era abundante en los años cincuenta y sesenta, y la mayoría de los analistas creían que este sería el caso durante décadas. La abundancia y el bajo precio llevaron a un crecimiento de la demanda del 283% (45 bcf por día) entre 1950 y 1972. Figura 3.
La oferta no pudo mantener el ritmo y hubo escasez aguda de gas durante el invierno de 1970. En 1977, la escasez había crecido a proporciones de crisis. Pocos vieron venir esta situación, en parte debido a las estimaciones incorrectas de las reservas.
Los expertos coincidieron en que la escasez sería el factor común durante décadas y que el GNL importado era la única solución. Cuatro terminales de importación de GNL se construyeron entre 1971 y 1980. La oferta limitada de gas llevó a una edad de oro de las centrales nucleares y de carbón que en gran parte reequilibraron el mercado de la electricidad. Los subsidios gubernamentales y los créditos fiscales otorgaron incentivos para evaluar la viabilidad del shale gas y el metano de carbón como fuentes alternativas de gas natural.
Los años 80 y 90 fueron un período de gran estabilidad en los precios del gas natural. El aumento de las importaciones provenientes de los gasoductos de Canadá dio la falsa impresión de que, una vez más, había gas natural barato y abundante durante décadas. Todas las plantas de GNL se cerraron y algunas se utilizaron para el almacenamiento de gas.
Las enmiendas a la Ley de Aire Limpio en 1990 causaron que muchas centrales eléctricas cambiaran a gas natural para reemplazar el carbón. La demanda de gas natural aumentó 40%, 15 bcf por día, pero la producción no siguió el mismo ritmo del crecimiento de la demanda a pesar del aumento del gas de perforación dirigida.
La producción de gas canadiense y estadounidense alcanzó su máximo en 2001 y en 2003 se reabrieron los terminales de importación de GNL y se amplió la capacidad. Entre 2001 y 2006 se propusieron más de 42 instalaciones de importación adicionales, de las cuales fueron construidas siete. Los expertos coincidieron en que la importación de GNL era, una vez más, la única solución al problema del suministro de gas.
Los primeros grandes pozos horizontales fueron perforados en la formación shale de Barnett en 2003. A fines de 2006, la producción de shale gas en Barnett, Fayetteville y otros proyectos cercanos superaron los 4 bfc al día. Comenzando a vislumbrar una alternativa, no solo al mercado de importación de GNL en Estados Unidos, sino también al GNL a escala global.
En cada ciclo de la oferta se realizaron o abandonaron grandes inversiones en GNL. La capacidad instalada total de importación de GNL alcanzó 18,7 bfc, pero las importaciones promediaron sólo 1,3 bfc diarios entre 2000-2008 y nunca superaron los 2,1 bfc por día. Eso es una utilización media de 7% y un máximo de 11%. El costo original de las terminales fue de aproximadamente US$ 18 mil millones. ¿Cómo podrían los analistas de la industria, los ejecutivos de la compañía y los inversores estar tan equivocados?
Ahora, los expertos coinciden en que, debido a la producción de shale, el gas será abundante y barato para siempre. Las exportaciones de GNL comenzaron a principios de 2016 y Estados Unidos se convirtió en exportador neto de gas en abril de 2017. Siete instalaciones de importación previamente fallidas se están convirtiendo en centrales de exportación de GNL a un costo previsto de aproximadamente 48 mil millones de dólares. Otras tres terminales de exportación han sido aprobadas por el Departamento de Energía (Figura 4) y se han aprobado solicitudes para la construcción de 42 terminales para exportar y además se han aprobado expansiones de capacidad de las centrales existentes.
Terminales aprobadas de importación y exportación de GNL en Norteamérica
Tomando el total de las solicitudes de exportación aprobadas, las mismas ascienden a más de 54 millones de pies cúbicos al día, lo que representa el 75% de la producción estadounidense de gas seco. La producción diaria de gas seco en los Estados Unidos en 2016 fue de 72 bcf al día. ¿Estamos repitiendo los errores de la importación de GNL a la inversa?
La Ley de Gas Natural (1938) establece que el Departamento de Energía debería aprobar una solicitud a menos que » la exportación o importación propuesta no sea consistente con el interés público». Por lo tanto, no se trata de regular o no el suministro de gas, sino más bien en pos del interés público. La aprobación de las solicitudes de exportación de GNL para el 75% de la producción estadounidense no parece ser en pos del interés público, ya sea desde el punto de vista de la seguridad del suministro o del precio del gas.
Costo marginal del shale gas
Los productores de shale gas han estado realizando afirmaciones exageradas sobre producción de bajo costo durante tanto tiempo que los mercados ahora los creen. Los analistas chocan rutinariamente sobre los precios subyacentes de US$3 a pesar de las declaraciones de ingresos corporativos y balances que muestran lo contrario. Por ejemplo, los líderes de Marcellus Cabot, Range y Antero gastaron un promedio de US$ 1,43 por cada dólar que ganaron en 2016; Chesapeake tenía ganancias negativas para el año y ni siquiera podía pagar por los gastos de operación con los ingresos obtenidos, que solo alcanzan a solventar gastos de capital y otros costos.
El conteo de equipos es un indicador directo de cómo los productores de petróleo y gas optan por asignar capital. Por lo tanto, es una manera simple de juzgar los costos marginales por la forma en que las compañías manejan las maquinarias activas. El número de plataformas horizontales de shale gas se mantuvo estancado en 2014, en consonancia con la caída de los precios del gas de más de US$ 6 el millón de btu a US$ 4. Sin embargo, los precios de los equipos mantuvieron una tendencia similar y se derrumbaron con esta caída de los precios.
Situación de las formaciones de shale gas con un precio de US$4
Los precios de los combustibles alcanzaron un precio promedio semanal de US$ 1,57 el millón de btu en febrero de 2016 y luego subieron consistentemente hasta finales de 2016. Los precios del shale gas se duplicaron, pero se estancaron antes de alcanzar los US$ 4. La implicación es que el costo marginal del shale gas es de aproximadamente US$ 4 el millón de btu.
El escenario bajista
La mayoría de los analistas del mercado de gas prevén un exceso en la oferta y un colapso de los precios del gas a partir de fines de 2017 debido a la nueva capacidad de los gasoductos de las obras de Marcellus-Utica. Se espera además, un aumento en la producción del gas de las formaciones de tight de la cuenca del Pérmico en particular, lo cual contribuirá a que se extienda esta visión bajista en los precios algunos años en el futuro.
Las curvas hacia el futuro reflejan esta perspectiva. Su estructura temporal se invierte, lo que significa que los precios de futuros a corto plazo son más altos que los precios a largo plazo (Figura 6). Los comerciantes del mercado están apostando a que los precios del gas invernal alcanzarán un máximo de entre US$ 3,25 y US$ 3,50 el millón de btu y caerán por debajo de US$ 3 a principios de 2018. El volumen de contratos más allá de mayo de 2018 se aproxima a cero, de modo que el panorama de empeoramiento de precios es especulativo hasta un año en el futuro.
El escenario bajista será desastroso para los productores, cuyos precios de acciones han caído casi un 30% ya en 2017 (Gráfico 7). Aunque los inversionistas han estado dispuestos a financiar los esfuerzos no rentables de estas empresas durante muchos años, sospecho que su paciencia se está acabando, como lo ha hecho últimamente para el tight oil.
Acciones de empresas de gas natural han caído un 29% en lo que va del año
Algunos analistas creen incorrectamente que los productores de shale gas han logrado empujar los costos hacia abajo a través de la innovación tecnológica y de eficiencia que los precios del gas por debajo de los US$ 3 serán la nueva realidad. Si bien es cierto que los costos han disminuido sustancialmente, esto ha sido más por los precios deflacionistas de la industria de servicios y menos por la tecnología y la innovación.
De hecho, el costo tecnológico de la producción no convencional de petróleo y gas produjo que los costos de perforación se multiplicaran por cuatro entre 2003 a 2014 (Figura 8). Sin embargo, la demanda deprimida desde 2014 ha dado lugar a una reducción del 45% en los costos de perforación y esto representa la mayoría de los ahorros en los costos.
Tengo pocas dudas de que habrá una presión a la baja sobre los precios del gas en el corto plazo, así y todo no creo que los precios se ubiquen por debajo de los US$ 3. Los productores tienen acuerdos de «send or pay» con los oleoductos que transportan los nuevos suministros de las formaciones de Marcelus y Utica. Algunos de estos proyectos probablemente enviarán gas a los mercados de exportación de Canadá y GNL con un efecto limitado sobre la oferta interna. Del mismo modo, gran parte de la producción futura de gas de la cuenca del pérmico probablemente vaya para México. La nueva oferta permitida por los nuevos proyectos en Marcelus y Utica provendrá de yacimientos de mayor costo de producción que hoy se encuentran fuera del mercado.
Los nuevos volúmenes que ingresan al mercado interno servirán en un primer lugar para paliar el actual déficit que hoy existe en la oferta (Figura 9). La producción de gas cayó a menos de 4 bcf por día de febrero de 2016 a enero de 2017. La EIA prevé que la producción aumentará a 4,7 bcf por día en 2017, pero sólo 1,9 ccf por día en 2018. Además, prevé que los precios promedio mensuales por encima de US$ 3,00 en 2018 terminará el año en US$ 3,66 el millón de btu.
Esto es sólo una previsión ciertamente incorrecta en sus detalles, pero las previsiones de la EIA sobre el gas doméstico han sido fiables en los últimos años. El aumento del consumo y las exportaciones deberían mantener los suministros relativamente estables y los precios razonablemente fuertes.
Desde principios del 2000 en adelante, productores y analistas han proclamado que el shale es un «cambio de juego». A partir de ahora, el gas natural será abundante y barato. Estados Unidos se estaba quedando sin gas natural antes de 2009, pero ahora puede permitirse exportar al mundo. Estábamos perdidos pero ahora nos encontramos.
A finales de marzo, los analistas de Morgan Stanley escribieron que en la formación de Haynesville los costos de producción se ubican cómodamente por debajo de US$ 3 el millón de btu y en Marcellus-Utica oscilan entre US$ 1,50 a US$ 2,50 el millón de btu. Sin embargo, durante los últimos 7 meses, ninguna de esas buenas perspectivas se han reflejado en los balances y en las declaraciones de ingresos de los principales productores en esas obras.
Las compañías de shale gas gastaron un promedio de US$ 1,42 por cada dólar que ganaron en el primer trimestre de 2017 (Figura 10). Ese promedio excluye a Gulfport y Chesapeake, cuyo ratio de gasto de capital a efectivo fue de US$ 10,7 y US$ 5,4 respectivamente. Incluyendo esos dos operadores, las compañías gastaron US$ 2.12 por cada dólar que ganaban. No parece que incluso un precio de US$ 3 de gas sería el mejor escenario.
La firma financiera Bernstein Research publicó un informe en mayo que proyectó que la explotación de Marcellus-Utica se extenderá entre 19 y 37 años tomando como referencia una producción promedio de 36 bcf por día a lo largo de todo el período. Es menester destacar que, la producción actual es de unos 24 bcf por día. No conozco otro yacimiento de petróleo o gas en la historia del mundo con una trayectoria de producción creciente durante tanto tiempo.
Esto se debe a que Bernstein ha hecho una estimación de recursos técnicamente recuperables con suposiciones bastante optimistas, ya que el informe no nos dice nada acerca de los volúmenes de gas que son comerciales para producir a determinados precios de gas.
Para ubicar este y otros informes de ventas en contexto, volví a visitar el pronóstico de producción de la Oficina de Geología Económica (BEG) para el shale de Barnett publicado en 2013. El estudio BEG determinó reservas de pozos individuales para 15 mil pozos en Barnett tomando como referencia un precio de US$ 4 el millón de btu de gas.
La Figura 11 muestra que la producción real de Barnett ha estado muy por debajo del pronóstico de BEG y probablemente dará lugar a recuperaciones finales muy reducidas. Esto no se debe a que el estudio BEG fue defectuoso, sino a que los precios del gas han sido inferiores al precio de US$ 4 supuesto en su pronóstico.
Comparación de la Oficina de Geología Económica (BEG) Barnett Shale Producción Pronóstico y Producción Barnett Actual
Si la producción de Barnett varía tanto de los escrupulosos análisis y pronósticos del BEG, ¿cómo podemos confiar en informes de analistas menos rigurosos que toman de referencia décadas de suministro barato y abundante de shale gas?
Las formaciones de Barnett y Fayetteville están muertas a precios actuales porque sus sweets spots se han desarrollado plenamente. Los conteos de equipos reflejan esta realidad inevitable (Figura 12). Los recursos considerables permanecen pero no a precios de gas menos a US$ 4. Las formaciones de Marcellus y Utica encontrarán inevitablemente el mismo destino, todos los yacimientos lo hacen. El mayor costo marginal de la producción fuera de los sweet spots dará lugar a una mayor oferta, pero también requerirá mayores precios del gas para desarrollar y producir.
Pocos analistas parecen considerar la economía (precios) en el shale gas como un factor limitante de la producción y, por lo tanto, para el abastecimiento. Tal vez en realidad creen que en proyecciones equivocadas que conducen supuestamente a un equilibrio de precios para las formaciones de Marcelus y Utica en el rango de US$ 1,5 a US$ 2.
Pero las cuestiones de precios y el crecimiento de la producción rezagaban el cambio de precios en aproximadamente 10 meses. Los precios del gas cayeron por debajo de los US$ 4 a finales de 2014, y aproximadamente 10 meses después, el crecimiento de la producción se redujo de casi 7% a 1% (Gráfico 13). El suministro de gas es bastante limitado hoy porque el crecimiento de la producción interanual ha sido negativo durante 14 meses consecutivos.
La producción de gas ha aumentado desde enero, y la EIA prevé que esto continuará hasta el 2018. Sin embargo, los datos de EIA también indican una oferta continua y ajustada. Esto se debe a que la demanda y las exportaciones de gasoductos y GNL están aumentando.
La mayoría de los analistas creen que los precios del gas se derrumbarán a principios de 2018, debido a que los nuevos oleoductos de Marcellus y Utica aportarán nueva oferta al mercado. Eso puede ser en el corto plazo, pero la evidencia sugiere que los precios del gas se recuperarán y seguirán siendo bastante fuertes a mediano plazo. Después de uno de los inviernos más tranquilos de la historia, los precios del gas se mantienen en el rango de US$ 3.00 el millón de btu y los inventarios comparativos han caído durante 3 semanas consecutivas.
El crecimiento de la producción, los datos de recuento de la plataforma y los balances de las empresas indican que el costo marginal de la producción de shale gas es de alrededor de US$ 4 el millón de btu. Sin embargo, la mayoría de los analistas dicen que no es así. Los modelos de oferta y precio de gas han sido sistemáticamente erróneos durante 5 décadas. Sin embargo, esta vez será diferente. Las terminales de importación de GNL eran fiascos de inversión, pero la exportación de GNL será un gran éxito.
Todas las teorías dominantes vacilan y son reemplazadas por nuevos paradigmas. Es poco probable que el shale gas sea una excepción.
Hay comodines que pueden prolongar el fenómeno del shale gas. El aumento del gas asociado a las formaciones de shale, particularmente en la cuenca del Pérmico, podría proporcionar algunos años más de suministro de shale gas. Hoy en día, gran parte de ese gas está siendo venteado para evitar el empalme y los gastos de procesamiento. Casi el 40% del gas de la cuenca del pérmico va a México, y es razonable pensar que más a futuro este gas será exportado hacia otras regiones. Además, las previsiones optimistas para el gas del pérmico suponen un precio de US$ 60 barril petróleo que hoy por hoy parecen cada vez más improbables.
Los mercados de crédito son otro comodín. Los inversionistas han estado buscando pruebas anteriormente que demuestren que el shale gas no es rentable. Esto se basa en gran parte en la expectativa de que el flujo de caja negativo es normal durante el desarrollo del yacimiento y que los beneficios vendrán más tarde. El problema con esto es que las tasas de declinación del shale gas promedian alrededor del 30% y los gastos de capital nunca terminan.
La lente de la historia coloca el shale gas en su perspectiva correcta. Los yacimientos no son de menor costo que los yacimientos de gas convencionales. Son sólo de bajo costo en comparación con los precios más altos resultantes del agotamiento de los yacimientos de gas convencionales a principios de los años 2000.
El shale gas no es una revolución, pero le compró a los Estados Unidos una década o más de suministro normal antes de enfrentar otro período de escasez de gas.
Las obras son grandes pero finitas, y el precio es importante. La industria ha abandonado las primeras obras de shale gas, como Barnett y Fayetteville, porque sus áreas centrales están completamente desarrolladas y el costo de desarrollar los recursos marginales es mayor que en las áreas centrales de las formaciones de Marcelus y Utica.
Las obras más recientes seguirán el mismo patrón de crecimiento, pico y declinación lenta como el Barnett y Fayetteville, como todos los yacimientos tienen en la larga historia de la industria del petróleo y el gas. La idea de que las obras de shale son de alguna manera diferentes desafía las leyes bien establecidas de la física de la tierra y el agotamiento.
La historia del shale gas reclama el éxito basado en el tamaño de los recursos, pero no en las reservas. Enfatiza los volúmenes de producción pero no el costo de esa producción. Sus promotores se centran en la tecnología que hace las obras posibles, pero no el costo de esa tecnología. Los precios de equilibrio se discuten más bien que los beneficios porque los proyectos no son rentables. Ningún inversor inteligente pone su dinero en proyectos de equilibrio de todos modos. Cuando se aborda la economía, los analistas y la industria excluyen los gastos importantes que se nos dicen hoy son realmente bajos y, por lo tanto, pueden ser ignorados.
La historia del shale gas es aceptada porque pinta un cuadro que satisface las aspiraciones de la independencia energética norteamericana, la fuerza política emergente y el crecimiento económico.
Si la historia se repite lo suficiente, tal vez se haga realidad y nos aportará suministro por algunos años todavía, pero lejos está de ser una revolución energética.
Después de un descenso de casi US$10 el barril desde mediados de mayo, los precios del crudo repuntaron fuertemente la semana pasada, con los precios del WTI subiendo desde menos de 43 dólares a US$46 el barril. Aunque muchos especialistas todavía están preocupados por los excesos de stock almacenado, la mayoría de los comerciantes son optimistas de que lo peor ha pasado y que de acá en adelante los precios aumentarán debido al recorte de la producción de la OPEP. El optimismo surge en gran medida, debido a la desaceleración del aumento de la producción de shale oil en Estados Unidos, el cual achicaría el volumen de crudo que inunda el mercado.
La semana pasada se dio a conocer un informe que destacaba que Estados Unidos mostró un pequeño incremento en su inventario de crudo. Pero, es un ligero repunte con respecto a los descensos de hace dos semanas, por ejemplo hubo una caída de 900 mil barriles en los inventarios de combustibles de Estados Unidos y sumado a esto un descenso de 100.000 barriles por día hace dos semanas, según consigna la EIA. Varios analistas reconocen que las causas de estas momentáneas disminuciones son una importante tormenta en el Golfo de México hace varios días y una menor producción en Alaska debido a la necesidad de frenar equipos por mantenimiento.
Los precios del WTI establecidos todavía en mediados de US$ 40, siembran dudas sobre cuánto tiempo puede seguir creciendo la industria de shale oil estadounidense, vendiendo el petróleo por un valor menor que, en muchos casos, el costo de producción. La semana pasada, el recuento de las plataformas petrolíferas estadounidenses cayó por primera vez desde enero, aunque haya sido sólo dos máquinas, es una tendencia a tener en cuenta. Los más optimistas reconocen que los precios del petróleo deben estar por encima de los US$50 el barril para que todos los operadores del shale puedan producir y generar ingresos más rentables en el largo plazo.
La semana pasada, el gobierno de Trump anunció (sin un fundamento técnica del todo coherente) que Estados Unidos pronto dominará la producción de energía a nivel global. Para el Presidente norteamericano, su país dentro de poco pasará a ser un importante exportador de petróleo y gas, por lo que Estados Unidos ya no dependerá de las inestables fuentes extranjeras de petróleo.
Como muchos observadores, incluidos los investigadores del CEEPYS, señalan que es difícil que un país que importa 8 millones de barriles de crudo al día pueda dominar la producción y exportación mundial de energía, sin embargo, la administración estadounidense tiene una respuesta optimista ignorando las perspectivas actuales. El levantamiento de numerosas regulaciones federales sobre la perforación seguramente aumentará significativamente la producción de petróleo de Estados Unidos, reduciendo así la necesidad del petróleo importado, pero no bastará ni remotamente para transformar a Estados Unidos en un país netamente exportador de crudo.
Finalmente, el gobierno norteamericano espera que las exportaciones de GNL crezcan indefinidamente haciendo de Estados Unidos una potencia importante en los mercados energéticos mundiales. Sin embargo, la desventaja de este escenario es que la producción de gas natural estadounidense ha estado cayendo año tras año durante los últimos 14 meses debido a los bajos precios y un exceso de gas en el noreste. Todas las principales partidas de shale gas están en declive y la demanda de exportaciones de GNL y generación de energía eléctrica obligará a los precios a subir y consumir el stock almacenado.
Nuevamente, muchos analistas creen que la noción de que la industria del shale gas de Estados Unidos se convertirá en un importante proveedor de los mercados mundiales de GNL es altamente improbable. La producción de gas convencional de Estados Unidos ha estado cayendo constantemente durante algún tiempo y es probable que los principales yacimientos de gas de shale oil estén alcanzando su máxima producción en el corto plazo.
Por Tom Whipple
En el último mes, los precios del petróleo WTI de Estados Unidos han caído de cerca de US$ 52 el barril a menos de US$ 45. Esto se debe en buena parte a las grandes exportaciones de crudo de Estados Unidos, las cuales han sido alrededor de 1 millón de barriles por día en las últimas semanas (a pesar de esto continúa importando el 47% del petróleo que consume, alrededor de 7 millones de barriles por día). Por su parte, los precios del Brent del Mar del Norte, se han situado entre US$2 y US$3 por barril más alto que el WTI.
Sumado a esto, la semana pasada un informe de la Agencia Internacional de Energía predijo que el exceso de petróleo continuaría en el 2018 e incluso más allá, y combinado con un inesperado aumento de las reservas de petróleo comerciales de Estados Unidos, empujaron los precios del petróleo hacia abajo, para tocar los US$43.
Hasta hace poco, la AIE preveía que el recorte de producción de la OPEP y de los países NOPEP pronto drenaría el exceso de petróleo y los precios subirían. Sin embargo, la Agencia ha cambiado su pronóstico y prevé que la situación global de exceso de oferta continuará hasta 2018. La AIE prevé que la demanda mundial de crudo tendrá un crecimiento de 1,3 millones de barriles por día en 2017 y 1,4 millones en 2018. Además, observa que la producción de shale oil en los Estados Unidos aumentará en 430 mil barriles por día este año y 780 mil el año que viene.
La producción total de los países por fuera de la OPEP, incluyendo Estados Unidos, se prevé que crezca en 1,5 millones de barriles por día el próximo año. Con los inventarios de almacenamiento globales actualmente en 292 millones de barriles ubicados por encima de la meta de la OPEP, esto es el promedio de cinco años, es difícil proyectar como se va a dar el consumo del exceso de petróleo en el próximo año, teniendo en cuenta que si la producción de shale en Estados Unidos continúa creciendo más allá de los niveles proyectados.
Para analizar la cuestiones relativas a los precios del crudo, debemos detenernos en otras zonas del mundo que también deben ser consideradas, tal es el caso de Nigeria y Libia. Debido a situaciones de inestabilidad interna en ambos países la producción de petróleo se ha visto recortada muy por debajo de los niveles normales, por lo que estos países habían quedado exentos de la reducción acordada por la OPEP. Pero ahora, estos países están retornando a los niveles normales de producción, por lo que Libia podría llegar a alcanzar el millón de barriles en los próximos meses y Nigeria recuperar sus niveles de producción cercanos a los 2 millones de barriles por día. De lograrse esta situación, ambos países estarían produciendo 900 mil barriles por día más que en el momento en que se establecieron los recortes. Esta situación contribuiría a mantener a raya el aumento en los precios del crudo.
Sin embargo, esto no es del todo certero ya que como mencionamos más arriba, Libia y Nigeria son políticamente inestables y la producción podría volver a caer en cualquier momento. Por ejemplo, en Nigeria, hay rumores de nuevos ataques contra la infraestructura petrolera por parte de los militantes anti gobierno. En Libia por su parte, el conflicto con Qatar parece estar profundizando las divisiones entre las facciones pro y anti islámicas en el país.
Volviendo a los Estados Unidos, donde el mayor aumento proviene de la producción de no convencional (aunque el convencional sigue constituyendo la mayor producción) a pesar de que los precios de producción son más elevados en el caso del shale y del petróleo de aguas profundas en comparación con el crudo convencional. Debido a esto, se ha entablado un debate en torno a si es posible seguir aumentando la producción con precios cercanos a los US$40.
En primer término, hay quienes observan que se puede continuar produciendo en torno a esos precios ya que se han logrado grandes avances en el desarrollo del shale que han mejorado la eficiencia en la producción. Como la mejora en los equipos de perforación, aumento en la intensidad de las fracturas hidráulicas, mejor desarrollos logísticos y de perforación. Todo esto ha permitido bajar los costos de producción de más de US$60 por barril a cerca de US$40, haciendo rentable la producción de shale en torno a un barril entre 40 y 50 dólares.
Por otro lado, hay quienes consideran que los precios se aproximan a valores donde la producción de shale deja de ser rentable. Aclaran que si los precios caen por debajo de los US$40 muchos de los pequeños productores que dependen íntegramente de la producción de shale oil se encontrarían en serios problemas para cumplir con las predicciones optimistas de un aumento de la producción. Cabe destacar que el WTI ha caído un 19%, desde más de US$55 en enero de este año a valores apenas por encima de los US$40. Vale recordar que hace tan solo 18 meses, el crudo estadounidense se encontraba por debajo de los $30 el barril, lo que causó un gran número de empresas quebradas y una considerable reducción en la producción de shale.
Algunos especialistas creen que a menos que la OPEP y otros países fuera de la organización estén dispuestos a hacer nuevos recortes en la producción los precios del crudo seguirán cayendo. Sin embargo hoy por hoy, la interacción de muchas variables entre la oferta y la demanda que estarán en juego durante los próximos 18 meses hace que sea casi imposible saber con certeza el futuro de los precios del petróleo.
Por Martín Bronstein
A pesar del aumento en la utilización de las energías renovables, el consumo mundial de petróleo creció por encima de la tasa promedio de los últimos 10 años por segundo año consecutivo en 2016. Esta situación se explica porque las llamadas energías renovables – eólica, solar, geotérmica- aportan al flujo eléctrico, donde la participación del petróleo como fuente primaria es mínima a nivel mundial. El petróleo todavía es irreemplazable como fuente energética para el transporte y lo que está sucediendo es que India y China siguen aumentando la utilización del automóvil y el transporte en general.
Según el último informe estadístico de energía a nivel mundial elaborado por BP, el aumento en el consumo de petróleo alcanzó a 1,6 millones de barriles por día, lo que equivale a un incremento de 1,6% del total mundial, Los principales aumentos de la demanda de crudo provienen de la India y de Europa con cerca de 300 mil barriles por día cada uno. El crecimiento en la demanda de China fue de 400 mil barriles por día, que si bien es mayor en términos absolutos, fue el incremento más bajo que tuvo el gigante asiático en los últimos años.
Por su parte, la producción de petróleo continuó aumentando en 2016 pero a un ritmo menor que la demanda, con un incremento de 400 mil barriles por día, lo que representa el 0,5% de la producción mundial y es el crecimiento más bajo desde 2013. Esto llevó al mercado petrolero a regresar a un nuevo equilibrio a mediados de año, sin embargo, esto no se vio reflejado en un aumento de los precios debido al gran exceso de stock almacenado que amortiguó el déficit entre el aumento de la demanda y la producción.
La producción de petróleo en Medio Oriente tuvo un gran crecimiento, llegando a 1,7 millones de barriles por día, impulsado principalmente por Irán (700 mil barriles por día), Irak (400 mil barriles por día) y Arabia Saudita (400 mil barriles por día).
Como contrapartida, el menor crecimiento de la producción mundial de crudo se explica por la reducción fuera de Medio Oriente, que totalizó 1,3 millones de barriles por día. Los mayores descensos se registraron en Estados Unidos (-400 mil barriles por día), China (-310 mil barriles por día) y Nigeria (-280 mil barriles por día). El petróleo representó un tercio del consumo mundial de energía primaria.
La demanda mundial de energía creció el año pasado el 1% según los datos aportados por BP. La tasa de crecimiento fue similar a los aumentos del 1% y 0,9% de 2014 y 2015 respectivamente y significativamente menor que la tasa promedio de los últimos 10 años de crecimiento (donde el incremento promedio fue del 1,8%). Casi todo el aumento provino de economías de rápido crecimiento, China e India juntas representan la mitad de todo el crecimiento. Este descenso en el crecimiento de la demanda energética está relacionado con la baja en el crecimiento de la economía mundial, principalmente de China. Sin embargo, manteniendo una tasa de crecimiento del consumo energético de sólo el 1%, para 2050 la demanda energética global crecerá cerca del 50% y si se volviera a crecimientos cercanos al 2%, para 2050 el mundo necesitaría casi el doble de energía que la que consume actualmente. Cualquiera de estos escenarios es preocupante y nos obliga a confiar en que la innovación tecnológica pueda darnos respuesta a este desafío. Pero también deberíamos repensar nuestros modelos de desarrollo.
Por Maggie Videla
Hoy por hoy, el concepto de desarrollo sustentable se ha transformado en habitual y el término como tal, se traslada a procesos, actividades, productos, con una aparente liviandad que trasciende la comunidad científica.
Por otra parte, si bien inicialmente se restringió al análisis del consumo de los recursos naturales en detrimento del ambiente, en la actualidad la visión de sustentabilidad responde a una mirada sistémica donde confluyen, en torno al estudio de una actividad determinada, cuestiones que tienen que ver tanto con lo social, lo económico, político, el marco regulatorio y por supuesto lo referido al impacto ambiental de la misma.
Repasando brevemente los orígenes y el avance de esta concepción podemos ir hacia atrás casi 150 años, momento en el que surge en algunos países la idea de preservar grandes espacios en su estado original, como paisajes y santuarios para la vida vegetal y animal, dejando fuera la presencia humana. Ejemplo de ello es la creación en 1872 del primer parque nacional del mundo; el de Yellowstone en E.E.U.U. Luego de las 1ra y 2da Guerra Mundial, y, con la creación de la ONU en 1945, reaparecen estas ideas y reflexiones, que se van encauzando concretamente, a plantear que el crecimiento en el planeta se ve limitado por los siguientes cinco factores: Población, Agricultura, Recursos naturales, Industrias y Contaminación – documento de 1972 generado por un grupo de científicos, investigadores e industriales conocido como Club de Roma. A partir de allí, siguieron años de declaraciones, estudios, documentos y adhesiones por doquier, hasta que finalmente, veinte años después, el concepto de desarrollo sustentable empieza a integrarse en la política de países desarrollados y en vías de desarrollo, principalmente, debido a la publicación y difusión del informe presentado por la Comisión Brundtland de la ONU. Go Brundtland, Primer Ministra noruega preside por aquellos días la Comisión de Ambiente y Desarrollo, y, sostiene que muchas de las actividades económicas necesarias para el progreso provocan un desgaste acelerado de los escasos recursos naturales, otorgando bienestar en esta generación pero dejando para las generaciones futuras un mundo con pocas posibilidades. Advierte que para lograr el desarrollo sustentable es indispensable introducir cambios fundamentales en la forma en que producen y consumen las sociedades. Recomienda aumentar las inversiones en métodos de producción limpias y medidas de eficiencia ambiental, mediante, incentivos, planes y políticas de apoyo destinadas a establecer marcos normativos, financieros y jurídicos adecuados. Nos quedamos entonces con estos conceptos que a nuestro juicio, son los indicados para nuestra realidad. Coincidimos en que el desarrollo sustentable no consiste en dejar sin tocar los recursos del planeta, sino en mantener el desarrollo económico para satisfacer las demandas de las generaciones actuales pero sin imposibilitar que las generaciones futuras puedan satisfacer las suyas. Y debe hacerse esto, generando calidad de vida, bienes e ingresos crecientes para una creciente población mundial y sin destruir la base ecológica de la sociedad. No significa prohibir, sino hacer y brindar soluciones de la mano de la tecnología como proveedora de métodos y de formas de actuar, sabiendo que utilizando el conocimiento científico, es factible diseñar sistemas de aprovechamiento, de uso, de protección y de conservación. En esta línea, el desarrollo sustentable implica el uso de un enfoque de integración simultánea y sistémica de objetivos socio-culturales, económicos, ambientales y políticos o de gobernabilidad. Existen en la actualidad cerca de 80 definiciones diferentes sobre qué entender por sustentabilidad, todas ellas coinciden en que el término desarrollo sustentable reúne dos líneas de pensamiento en torno a la gestión de las actividades humanas: una de ellas concentrada en las metas de desarrollo y la otra en el control de los impactos dañinos de las actividades humanas sobre el ambiente. Ninguna de ellas prohíbe.
Ya sea que estemos de acuerdo o no, la industria de los minerales, no se trata de una actividad de la cual la sociedad pueda prescindir, sin entrar en colapso.
Los recursos minerales constituyen un elemento indispensable para las actividades económicas de cualquier país. Fueron, son y seguirán siendo vitales para satisfacer las necesidades básicas del ser humano y el desarrollo de las sociedades y economías. Forman parte esencial e importante de las fuentes energéticas actuales, de los productos manufacturados, de la obra pública, de la construcción, del abastecimiento de alimentos, de la salud, etc. Están presentes en nuestra vida cotidiana y los productos (cualquiera sea su origen) no podrían fabricarse sin la indispensable contribución de instrumentos y herramientas fabricadas con productos minerales.
Los cimientes del crecimiento económico del mundo desarrollado, así como los medios para alcanzar adelantos en los estándares de vida en cualquier lugar del planeta, descansan, en los minerales, los metales, las rocas y los combustibles fósiles.
No existe la posibilidad de pensar en calidad de vida ni en desarrollo económico sin la amplia utilización de recursos minerales, y por tanto, sin minería. En consecuencia, cualquier elevación de los actuales patrones de nivel de vida exigirá, a su vez, un mayor consumo de recursos naturales, y de entre ellos, de minerales. Consecuentemente, cuando se considera la sustentabilidad de la industria minera la opción de prohibirla no es una consideración, pero surge la necesidad de revisar las facetas de la industria y de asumir el reto de operar de otra manera. La minería se ha desarrollado con demasiada frecuencia sin tener en cuenta el carácter irreversible de muchas de las alteraciones producidas por un uso con poca visión de futuro. Es por ello que la actividad sigue siendo percibida y asociada a la degradación ambiental y a la depredación de recursos naturales. Aun con la modificación de muchos de tales comportamientos, es frecuente ver como se la vincula a una imagen totalmente negativa por razones históricas. La minería alrededor del mundo explotó yacimientos, creando montañas de estériles y dejando cicatrices en los paisajes naturales. Desde los inicios de la década de los 90, tanto a nivel de empresas como de los gobiernos, ha cambiado la forma de abordar la minería. La industria minera es consciente de que no puede sobrevivir sin encontrarse fuertemente comprometida con la preservación y la protección ambiental, elaborando y suscribiendo públicamente políticas ambientales, realizando tempranamente estudios de impacto ambiental, implementando sistemas de gestión ambiental, compartiendo el desempeño ambiental de operaciones mineras, etc. A ello se ha sumado la introducción de tecnologías limpias de la mano de una gestión integral en los procesos productivos en compromiso con el ambiente, análogamente como ha sucedido en otros sectores industriales. Pero a la demanda ambiental, se ha sumado una demanda social, que se centra en compatibilizar crecimiento y desarrollo de proyectos con calidad de vida in situ. Se reconoce que el crecimiento económico es esencial para satisfacer las necesidades humanas y para mejorar la calidad de vida, sin embargo, se exige que ese desarrollo debe basarse en el uso eficiente, equitativo y ambientalmente responsable del recurso, ampliando las exigencias y con ello dando respuesta a los desafíos del desarrollo sustentable entendiendo el concepto de manera sistémica, como fuera mencionado previamente.
A la luz de lo expuesto, se plantea el desafío de derribar o intentar modificar los paradigmas de la percepción pública que sostienen que la minería es una industria sucia, con una reputación derivada de eventos poco frecuentes, pero muy publicitados.
Esta tarea deberá ser abordada de manera interdisciplinaria, con un fuerte trabajo en equipo y con un lenguaje común. La actividad minera debe encontrar el camino que le permita mantener el necesario suministro de minerales y materias primas, satisfaciendo al mismo tiempo la demanda de la sociedad de un ambiente limpio y estéticamente agradable.
Nuestro país se encuentra hoy con una oportunidad única de alcanzar y mantener el delicado equilibrio entre desarrollo y sustentabilidad en materia minera. Más aún, la minería como factor de crecimiento de la matriz productiva en economías regionales debe mostrar que es totalmente compatible con las energías renovables que se pretenden impulsar en provincias como Jujuy, Salta, San Juan y la Patagonia.
De cara al futuro, tenemos una posibilidad única de conseguir la madurez de nuestras instituciones, nuestros profesionales y nuestra sociedad.
Por Roberto F.N. Page
El gobierno argentino ha expresado la intención defortalecer la industria minera y al mismo tiempo impulsar el desarrollo sustentable. En ese contexto es importante entender las verdaderas luces y sombras de una actividad tan central y sensible de nuestra geografía. Se trata ni más ni menos que delaprovechamiento y administración de las riquezas naturales de nuestro territorio. En ese sentido se presentan algunas consideraciones con la intención de colaborar para dilucidar las oportunidades y amenazas que caracterizan al sector en la actualidad.
Por su gran territorio, historia geológica, la presencia de la cordillera andina y el mínimo aprovechamiento anterior de sus recursos minerales, la argentina tiene un potencial minero muy grande. La lista de minerales metálicos y no metálicos, así como los distintos tipos de sales y rocas es inmensa. La exploración de tan grande patrimonio es incompleto y si bien los datos disponibles son contundentes, el valor de los minerales aún no descubiertos puede ser aún mayor según las expectativas de muchos especialistas. Si bien no se conoce el valor total de los yacimientos ya explorados, tanto por falta de información oficial o independiente, por cuanto parte es propaganda o información confidencial de las empresas, con bastante seguridad el valor de los minerales ya identificados en los principales yacimientos supera los 1,5 billones de dólares a los valores actuales de esos minerales. Esa cifra representa varias deudas externas completas y equivale a decir que, en caso que toda esa riqueza se extrajera, cada argentino tendría al nacer el equivalente a una dote de aproximadamenteu$s40.000. Al igual que en el caso del petróleo, para extraer esas inmensas riquezas hay que realizar enormes inversiones. También, es inevitable que en el proceso de extracción y concentración se pierde más del 20% del valor. En concreto, o de manera contundente,se trata de cifras espectaculares y el qué hacer y cómo hacer para su aprovechamiento no es un tema menor.Estos valores,impresionantestal cual son refieren tan solo a lo ya conocido, cuando se sabe que el potencial de muchos de los principales minerales metalíferos es muy superior al ya descubierto. A la inversa, no se puede omitir, que cada vez será más difícil, complejoy costoso el descubrimiento y producción de los recursos no descubiertos, por ello es necesario alentar con insistencia a la exploración para logar poner en valor esos recursos.
Desde otro ángulo, se debe destacar que más allá de los vaivenes de los mercados, los resguardos de valor ante las recurrentes crisis financieras mundiales y las consecuentes variaciones en el precio de los commodities, el país ha sabido manteneruna dinámica de exploración y puesta en marcha de yacimientos metalíferos, interesante. Lentamente a lo largo de estos años se ha ido conformando una red y estructura de negocios que involucra a todos los múltiples sectores y subsectores relacionados: geólogos exploradores, emprendedores, proveedores de ingeniería y servicios, laboratorios, logística, financistas, abogados, periodistas, medios, que 20 años atrás hubiera parecido increíble. No obstante, aún pecando de reiterativo, debe indicarse que los proyectos en desarrollo son pocos, conocidos desde hace ya demasiados años y que es perentorio incentivar la prospección y exploración. Son muchos los mecanismos posibles, pero en cualquier caso el estado debe tener la capacidad de entender y liderar estos procesos, situación lejana a la actual.
La relación entre las empresas mineras y las comunidades raramente ha sido pacífica. Ya desde comienzos de la década del 90, aún antes de la promulgación de las nuevas leyes mineras, las comunidades catamarqueñas cercanas al yacimiento La Alumbrera, reiteradamente expresaron su preocupación primero y casi simultáneamenteoposición a lo que percibían como un peligro al medio ambiente, provocado por un avance de los capitales multinacionales y lo consideraron el saqueo de los recursos naturales de la argentina, primero de los metales, y, del agua poco después. Esa oposición expresada en innumerables protestas y expresiones mediáticas, tuvo un hito significativo cuando en el año 2003 la comunidad de Esquel por temor a hipotéticas contaminaciones, masivamente se opuso al desarrollo del yacimiento de oro El Desquite. El tema Esquel se convirtió en el eje político que liderado por el entonces candidato Mario Das Neves le permitiólograr la gobernación de Chubut y en cumplimiento de las promesas de la campaña electoral, ese mismo año la provincia promulgo la ley 5001 que prohibió en el territorio provincial las actividades mineras extractivas a cielo abierto y el uso de cianuro, ley aún vigente. Una situación similar se produjo en La Rioja frente al posible desarrollo de los yacimientos del Famatina y la fuerte oposición de la comunidad de Chilecito que terminaron en una ley restrictiva.A diferencia de lo sucedido en Chubut, una vez logrado el efecto electoral, la norma fue derogada. A medida que fueron avanzando los proyectos de exploración minera, en la mayoría de los casos las comunidades se opusieron categóricamente. En el transcurso de los años se fueron reproduciendo en diferentes lugaressituaciones similares a las de Chubut y La Rioja. El dialogo con las comunidades ha sido particularmente inadecuado y la falta de experiencia y capacidad de los distintos estamentos involucrados, incapaces de establecer un dialogo mínimo que permita generar propuestas superadoras, ha generado situaciones tan lamentables y muchas veces violentas, como los conflictos generados en Esquel, Jacobacci, Tinogasta, Fiambalá, Belen/Andalgala, Chilecito, Jachal, Salinas Grandes, entre tantos otros ejemplos. En laactualidad hay leyes restrictivas a la minería metálica en Chubut, Tucumán, Mendoza, La Pampa, San Luis, Córdoba y Tierra del Fuego. En Río Negro y La Rioja las leyes se derogaron pero la oposición de las comunidades no disminuyó en absoluto. Un caso particular es Jujuy donde no existen restricciones legales pero el diálogo con las comunidades es muy complicado. Durante los gobiernos de N. Kirchner y C. Fernández los máximos funcionarios del Ministerio de Planificación y la Secretaria de Minería consideraron que la mejor política hacia la oposición de las comunidades era ignorarlasya quesegún ellos, su reconocimiento solo lograría aumentar su importancia, influencia y nocividad, en esencia, fortalecerlas. Esa visión se ha traducido en un llamativo desinterés por hacer los mínimos esfuerzos por enseñar, explicar, argumentar, convencer y difundirqué sí, es posible la minería responsable y que la sustentabilidad minera es alcanzable en la medida que se articule el interés de las empresas con las comunidades y los gobiernos nacional, provincial y municipal.Como resultado de esa política tan irresponsable, esos movimientos anti mineros han logrado instalar en los medios de comunicación, en amplias capas de la población y aún en algunos los centros de investigación que la gran minería es contaminante e irresponsable, que pone en peligro la disponibilidad de agua y más aún, en esenciaque lo está sucediendo es que la argentina está siendo víctima del saqueo indiscriminado de su patrimonio. Un aspecto colateral ante la presión de las comunidades es la sobreactuación de las empresas, organismos y en ocasiones funcionarios, que ante el más mínimo incidente manifiestan mediáticamente sus hipotéticas preocupaciones ambientales sin atinar a incorporar en ningún momento conceptos, ideas o propuestas superadoras. Ejemplos clásicos han sido y son los derrames del mineraloducto en la Alumbrera y el circuito de concentración en Veladero que han convertido pequeños incidentes, obviamente lamentables, reprochables y penalizables, pero sin impacto real alguno o significativo, en crisis ambientales catastróficas, manejo que no solo no le hace bien a nadie sino que empeora las ya pésimas relaciones entre empresas y comunidad.
En ocasión del derrame en Veladero en setiembre de 2015, la provincia de San Juan solicitó a la UNOPS (organismo experto de Naciones Unidas) evaluar los posibles daños y eventuales fallas operacionales o metodológicas.El peritaje demostró que la contaminación fue menor, local y que a los pocos días sus efectos habían desaparecido. En otro ejemplo, cuando en 2005 una denuncia de Greenpeace indicó que en el subsuelo de Ezeiza existía contaminación de uranio debida a mala gestión de la CNEA, el gobierno argentinocontrató un peritaje internacional (Organismo Internacional de Energía Atómica, Organización Mundial de la Salud, Organismo Panamericano de la Salud, FAO, OIT y otros organismos) para saber la verdad y en última instancia dictaminar fehacientemente la causa del problema. El peritaje dictaminó que no había contaminación radioactiva. En ambos ejemplos y otros que no es del caso detallar (Derrames en el mineraloducto de La Alumbrera, el Inventario Nacional de glaciares, contaminación en Esquel, tecnología limpias, usos del cianuro, gestión de acuíferos en el caso de salares, etcétera, etcétera)el Estado no ha entendido la necesidad ni ha tenido la voluntad de emitir los dictámenes necesarios utilizando las propias capacidades del Estado. Esos informes hubieran podido contribuir a entender e informar en tiempo y forma las causas y efectos de los incidentes, eventuales responsabilidades y en caso de haberlas, culpabilidades y siempre aconsejar y asesorar tanto a las empresas como a las comunidades.
Es de hacer notar que tanto en el ámbito minero nacional (SEGEMAR), como entre los restantes organismos científico tecnológicos del Estado (INA, CNEA, INTI, entre otros) y el ámbito académico, existen numerosos centros de excelencia que deberían ser involucrados en forma sistemática,asignándoseles responsabilidades específicas de monitoreo y análisis. Claro está que para que puedan ser creíbles se requiere su despolitización e independencia. Este un aspecto derivado de la falta de credibilidad de las instituciones públicas, aún las científicas, que debe ser tratado seriamente y superado lo antes posible.
En el caso del SEGEMAR, centro científico tecnológico de la Secretaría de Minería de la Nación, es necesario lograr que se revitalice y recupere su esplendor para así poder asumir nuevos roles para los cuales está especialmente bien preparado y que hoy carecen de expresión en las instituciones públicas: Entre ellos, 1. lograr la capacidad de emitir dictámenes finales en relación a los conflictos mineros y ambientales mineros y 2. Proveer asistencia científica a las comunidades en la mediación de los conflictos con las empresas mineras.
Una de las peculiaridades argentinas es su federalismo. Posiblemente sea el único país de Latinoamérica que administre sus recursos naturales en forma federal en tanto Brasil igualmente federal o más, en minería se administre en forma centralizada. En ese sentido Argentina es similar a Australia, Alemania, Canadá o Estados Unidos. Sin embargo, las diferencias subnacionales (en política, economía, recursos) en Argentina hacen que las capacidades de negociación de las provincias y municipios menos desarrollados sean muy distintas a las de lasotras más desarrolladas o, a las de los organismos nacionales. Para subsanar estas asimetrías en 1993 se promulgo la Ley del Pacto Federal Minero. De acuerdo con esa Ley, el instrumento operativo para coordinar criterios y operatorias fue el Consejo Federal Minero (Cofemin). Lamentablemente en los últimos años el Cofemin fue primero vaciado de contenido, posteriormente dejo de ser convocado y a partir de 2012 los principales temas comenzaron a ser tratado por la Organización Federal Minera, organismo equivalente en minería a la organización de provincias hirdocarburíferas. En su momento el Acuerdo Federal Minero, posteriormente convertido en ley fue un instrumento de gran valía. En su momento el Proyecto PASMA hizo mucho para convertir los acuerdos políticos en herramientas operativas (catastros on line, procedimientos unificados, criterios homogéneos frente a la contaminación, entre otros ejemplos). El problema es que esos trabajos se realizaron mediante consultorías financiadas por el Banco Mundial. Cuando se terminó el financiamiento se terminaron las operatorias comunes y muchos sistemas dejaron de ser funcionales.Ahora después de tantos años de manejo centralizado es necesario ratificar o renegociar los acuerdos; en el mismo sentido, muchas cuestiones que a la fecha del Acuerdo Federal Minero no fueron tratadas hoy deben ser incorporadas a la agenda minera, debatidos en profundidad y acordados.
En síntesis, décadas después del establecimiento de la actual política minera y su marco normativo, la minería argentina genera percepciones distintas, casi opuestas: El éxito de una política de Estado para algunos o, el saqueo de los recursos naturales por las multinacionales para otros. Afortunadamente la Argentina tiene hoy nuevamente la oportunidad y la obligación de replantear sus decisiones estratégicas. La elección de mantener el statu quo y que todo siga el mismo curso es hoy inviable. En siete provincias la conflictividad vinculada a la minería es tal que se ha prohibido la extracción de metales a cielo abierto o el uso del cianuro. Esas prohibiciones incluyenalgunos de los más importantes yacimientos argentinos, entre ellos los mayores de plata del mundo o el principal yacimiento de uranio de argentina que se encuentra en esas provincias. O, como en el caso del litio en Jujuy, las necesarias regulaciones tecnológicas y de vinculación con las comunidades requieren de un nivel de diálogo entre todos los actores queno parece posible, sin ajustes importantes al sistema minero nacional.
En su momento se hablaba del boom minero, posteriormente del boom de tres empresas y recientemente del contraste entre el relato y la realidad.Sin embargo, hasta en su versión más reducida, con los grandes proyectos en suspenso y siete provincias con la minería interdicta la pujanza y dinamismo del sector es innegable. Al mismo tiempo y con la misma vigencia, durante todos estos años se ha constituido un movimiento anti minero igualmente significativo que debe entenderse y atenderse. Los reclamos a veces son difíciles de satisfacer, pero en esencia y en general son perfectamente legítimos. Lamentablemente, se ha perdido la batalla comunicacional y el diálogo entre los distintos actores es limitado, precario, conflictivo e ideologizado. Más aún, las corporaciones y los funcionariospolíticos sobreactúan su preocupación por el medio ambiente y la sustentabilidad, pero las propuestas superadoras tardan en conocerse. Es en este contextoen el que debe reflexionarse y construir una política más adecuada a la época y realidad.
La Argentina tiene en la minería una oportunidad única para el desarrollo de áreas generalmente remotas y postergadas, para las que la minería posiblemente sea junto con el turismo una de las muy pocas alternativas de desarrollo económico genuino. Asimismo, la minería ofrece una fuente de recursos que bien administrados puede cambiar sustancialmente y para mejor, las finanzas nacionales en todos sus estamentos.
Sin embargo, a la luz de las experiencias de los últimos años no parece probable que la Argentina aproveche al máximo sus riquezas naturales a menos que,
Por Roberto F.N. Page
Minerales, recursos, reservas, potencial. Para que se formen minerales y yacimientos de interés económico hace falta un conjunto de circunstancias excepcionales. De acuerdo con la tecnología disponible, para que un depósito mineral sea rentable debe poseer niveles de concentración hasta 20.000 veces mayores que los promedios de la corteza terrestre. Este factor varía de elemento en elemento pero para la mayoría de los metales lo usual es un factor de concentración entre 100 y 2000 mayor que el promedio de la corteza. Solo el Ti, Fe y Al requieren porcentajes menores al 100%. Los mecanismos de concentración son varios y entre ellos se destacan los procesos relacionados con el calor y los magmas: la precipitación de cristales, inmiscibilidad de algunos líquidos, fundidos residuales, fluidos y procesos hidrotermales. Otros procesos se vinculan con ciclos sedimentarios en el mar o procesos de meteorización. Cada proceso es un factor de enriquecimiento de determinados elementos respecto de los promedios de la corteza. A lo largo del tiempo geológico y de acuerdo a la dinámica de la Tierra y la movilidad de los continentes cada lugar ha sido sujeto a una variedad de ciclos que determinaron su composición mineralógica y química actual. Es decir que los yacimientos de interés económico son consecuencia de la suma de procesos que se sucedieron desde que se formó el planeta hace 4.500 millones de años y son únicos de cada lugar. Por ello ningún yacimiento es idéntico a otro y el hallazgo de nuevos yacimientos es una ciencia y un arte. Por su parte, la posibilidad real de extraerlos depende de una combinación entre los procesos geológicos, físicos y químicos, la tecnología y energía disponible y la voluntad social de asumir los costos y el esfuerzo necesario. Esa voluntad es cambiante y depende de diversos factores: la ideología dominante, las visiones estratégicas, las políticas públicas de desarrollo, intereses sectoriales contrapuestos, tendencias de los mercados y valor intrínseco de los productos. El potencial minero de un país o territorio es una evaluación de las existencias de minerales ya identificados pero que todavía no se han explotado, complementada por una estimación de la magnitud y valor de aquellos otros que aún no han sido descubiertos pero con indicios geológicos posibles, en el contexto de la visión geopolítica del momento sobre el comercio mundial y las expectativas de las demandas a futuro y sus posibles variaciones. Es decir que el potencial minero de un territorio obviamente depende las condiciones geológicas y metalogenéticas, pero también, significativamente, de factores sociales y políticos.
Factores sociales y políticos. Cuando hace un cuarto de siglo el gobierno argentino implementó su nueva política minera se hizo una importante campaña de comunicación internacional promoviendo inversiones para la minería argentina. El principal concepto que se trató de transmitir era que la Argentina constituía “…la última frontera exploratoria”. El mensaje incluía varios subniveles: por un lado literalmente implicaba que se abría a la exploración uno de los últimos grandes territorios aún no explorados del mundo, cómo si hasta entonces nadie hubiera explorado el país, pero también, el último gran territorio con las reglas de juego de la época. A pocos años de la caída del muro de Berlín, los 90´fueron uno de los periodos del siglo XX más consistentes en sostener los ideales del liberalismo para asegurar la libertad de los mercados, la prescindencia de los Estados y el laisse faire más completo en relación a las competitividades relativas, asimetrías varias, posibles nacionalismos y todo resabio de protección. Lo que entonces se llamaba Consenso de Washington y hoy se refiere comúnmente a la Globalización, se encontraba en la mayor plenitud imaginable. Es claro que la Argentina no era ni es la última frontera, pero sí que la política minera argentina del momento puso en marcha una actividad hasta ese entonces minúscula, y también que los principios del liberalismo en minería vinieron para quedarse por un largo tiempo. Eso significa que la exploración quedará en manos de las empresas multinacionales con su sistema de juniors (empresas muy pequeñas que suelen cotizar en bolsa y realizan las exploraciones mínimas necesarias como para identificar el posible valor de un yacimiento y venderlo a otras compañías capaces de desarrollarlos) y las bolsas de valores generando los fondos para garantizar el financiamiento de los muy grandes y súper grandes proyectos. Los otros, más pequeños o menores, tienden a ser cada vez menos importantes y, si no se modifica el contexto, posiblemente pasarán al olvido. La Argentina, a partir de la implementación de ese modelo de desarrollo parece haberse convertido en un país sólo de grandes minas. Al estilo de lo que hace algunas décadas se afirmaba para Río Tinto donde nada menos de un millón de onzas tenía interés, en la Argentina las mineras se enfocan en los grandes yacimientos. El detalle puede cambiar pero el concepto se mantiene: Para qué invertir en proyectos que a duras penas pueden generar algún dividendo durante pocos años, mejor ir a lo seguro y esos son los grandes proyectos. Y se conocen desde hace muchos años, que ya se publicitaban en el volumen de oportunidades para la inversión en minería editado por la Dirección Nacional de Minería en 1994. Recientemente, el Diario de Cuyo se refería a varios yacimientos metalíferos medianos pero importantes que han quedado fuera del proceso inversor en San Juan: Hualilán, al norte de la ciudad de San Juan, antigua explotación de oro y plata que posee una ley mineral muy alta. Tontal, son minas de plata descubiertas en 1860 ubicadas a 144 kilómetros al oeste de la Ciudad de San Juan. Castaño, descubierta en 1861 a 86 kilómetros del Tontal. Primero en utilizar tecnología de avanzada y usar el proceso de lixiviación. Huachi, antigua mina de oro, cobre y plata ubicada al norte del departamento Jáchal. Distrito El Salado, antiguas minas del departamento de Iglesia descubiertas en 1844 donde abundaba la plata y cobre, tuvo hornos activos para obtención de mineral (Diario de Cuyo, 09/02/2017). La reseña refiere a la provincia de San Juan, pero situaciones similares se producen en la mayoría de las provincias mineras. Sin dudas, hay prospectos e ideas nuevas, pero excepto los desarrollos en litio, son muy pocas las verdaderas novedades. Todo lo dicho significa que el potencial minero real, o el sistema de reservas de minerales y su impacto con la economía real está muy pero muy vinculado a las grandes empresas, las ideologías, los vaivenes de los mercados y en general a cuál es la voluntad soberana de cada país respecto de qué hacer con sus recursos estratégicos.
Geología y minería. Sea como fuere, en tanto país enorme, con 2,8 millones de km2, el séptimo u octavo más extenso del planeta con su territorio alargado de norte a sur, recostado en la Cordillera de los Andes en el oeste, las grandes pampas en el este hasta el Océano Atlántico, los más importantes recursos minerales del territorio argentino están relacionado con los últimos 180 millones de su historia geológica. De los 4.500 millones de años enunciados más arriba, para la argentina, los más significativos en cuanto a las formas, relieves, pendientes, alturas y desniveles, se relacionan con ese corto fragmento del tiempo total. Ello es así por cuanto aproximadamente hace 180 millones de años comenzaron los procesos geológicos que determinaron la ruptura del Supercontinente de Gondwana, una inmensa amalgama de territorios que incluía los hoy llamados Australia, India, África, Antártida y Sudamérica, hace 135 millones de años se inició la separación de África de América del sur dando lugar al desarrollo del Océano Atlántico. Los movimientos de la corteza vinculados a esa ruptura, previos y contemporáneos a la creación del océano determinaron procesos de tensión y ruptura de la corteza que posibilitaron ascenso de magmas volcánicos particulares, tan característicos de las provincias de Rio Negro, Chubut y Santa Cruz. con esos fluidos llegaron también oro, plata y baritina, entre otros elementos. Esos movimientos horizontales de la corteza con los procesos de ruptura, desencadenaron en el borde oeste del continente una intensa interacción entre la base del continente americano, su corteza para ser preciso, con el sustrato del océano pacifico. Esa interacción se resolvió de manera que la corteza debajo del océano pacifico se hundió debajo de la corteza que subyace América. Ese fenómeno, conocido como “subducción” que comenzó con la ruptura del Gondwana y la apertura del atlántico, explica la formación de la cordillera de los Andes, el emplazamiento de la cadena de volcanes, muchos aún activos dado que el proceso continúa en la actualidad, y el consiguiente arrastre de metales hacia la superficie. Los metales derivados de esos procesos son el sustento más importante de los recursos metalíferos argentinos. En su gran mayoría estos yacimientos están vinculados con los procesos de ascenso de material magmático desde la corteza hacia la superficie en asociación con los ciclos de actividad volcánica. El modelo general es que esos metales se encuentran disueltos en los líquidos volcánicos, calientes y mezclados con agua. Al ascender por grietas o zonas de debilidad, favorecidos por cambios de presión y acercarse a la superficie, los fluidos calientes se van enfriando o se mezclan con el agua superficial que se ha infiltrado hasta cierta profundidad. El contraste produce un brusco descenso de la temperatura y la pérdida de capacidad de suspensión de los metales por el líquido forzando su precipitación. De esta manera precipitan el oro, la plata, el plomo, el arsénico, molibdeno, zinc, antimonio y tantos otros elementos. De esa manera los metales precipitan aunque aún se encuentran en profundidad. Esa profundidad puede ser importante, de hasta uno, o dos kilómetros, o menos, pero lejos de la superficie. El mecanismo complementario para que esos depósitos puedan ser extraídos es el siguiente: Esos volcanes o sistemas de volcanes se forman en el ámbito de las montañas que ascienden por efecto de aquella interacción entre las masas de corteza en el límite entre continentes o “placas” que subducción mediante termina hundiendo una corteza debajo de la otra (ver figuras..). En detalle el ascenso de las montañas se debe a un abanico de procesos entre los movimientos violentos de las fracturas (terremotos según nuestra percepción) hasta movimientos suaves, continuos y muy pequeños de pocos milímetros por años pero que a lo largo de los millones de años significan alturas muy grandes, de varios kilómetros. El proceso se completa con la acción de los agentes externos como el agua, el viento y el trabajo de la gravedad que en conjunto producen la erosión de las montañas que cada año permite la vista de aquello que se formó en profundidad y de esa manera los yacimientos están listos para ser descubiertos. Por ser generados por fluidos con agua y calientes, ese tipo de depósitos suelen llamarse “hidrotermales” y de acuerdo a las peculiaridades de la temperatura y profundidad al momento de la precipitación, generan varias alternativas de yacimientos y divisiones entre los Hidrotermales (epitermales, mesotermales, hipotermales, de baja o alta sulfuración, etc.). Se reitera que el modelo esquematizado es el principal proceso formador de minerales metalíferos en la argentina. Hay yacimientos de metales más antiguos que los mencionados y también importantes. Hay otros aún más antiguos en términos de la edad del proceso mineralizante. Por ejemplo, el yacimiento subterráneo en actividad más importante de la argentina es el yacimiento Aguilar, productor de plata, plomo y zinc, localizado en la provincia de Jujuy, que está produciendo desde hace aproximadamente 80 años (1929). Sus minerales se formaron durante el periodo Cámbrico, hace aprox. 500 millones de años, como consecuencia de la interacción entre los terrenos Arequipa y Pampia, nombre de dos trozos de corteza que con el tiempo se amalgamarían en el bloque que hoy es Sudamérica. Otros yacimientos también se formaron durante el Paleozoico, por ejemplo los yacimientos más importantes de hierro de Argentina como el Hierro de Zapla (Jujuy) y Sierra Grande (Río Negro), en ambos casos de origen sedimentario y muy antiguos. entre el Ordovícico y el Devónico. Desde entonces hasta el presente se han constituido todo tipo de yacimientos. Pero en volumen y en dinero, aquellos formados durante los últimos 100 millones de años son por lejos los más importantes. Los yacimientos de minerales con importancia económica ya descubiertos configuran reservas y recursos muy significativos. Muchos de ellos fueron descubiertos por los distintos programas de exploración implementados por el Estado. Desde el premio de $40.000 instituido a fines del siglo XIX para quien hallare carbón, hasta los programas de cartografía geológica y metalogenética, los numerosos planes de exploración desarrollados por la antigua Dirección de Minas (hoy SEGEMAR) y Fabricaciones Militares, la mayoría de los yacimientos identificados se conocen desde por lo menos 30 años. Más recientemente, las empresas mineras extranjeras han realizado un importante trabajo de exploración, sin embargo, lo principal ya había sido detectado por el Estado y sus organismos especializados. Sus técnicos y especialistas merecen gran parte del crédito por esos descubrimientos, hasta ahora un tanto retaceado injustamente. De ese total de yacimientos un pequeño porcentaje ha superado la exploración y alcanzó la etapa de explotación. El resto forma parte de ese recurso potencial que según su grado de cuantificación pasa a ser reservas. La lista de minerales metálicos y no metálicos, así como los distintos tipos de sales y rocas ya conocidos es inmensa. Muchas publicaciones públicas y privadas han detallado cuales son esos yacimientos, sus principales características y posibles productos (ver Angelelli, 1941,1950, 1984, SEGEMAR, 1999, Montamat, 2015, Sarudianski y Nielson, 2017, Wikipedia, 2015, Zappettini, 2016) entre otros muchos). Se encuentran distribuidos en todas las provincias, principalmente las andinas, pero también en las restantes hay recursos minerales importantes. Hasta no hace demasiado se pensaba que sólo en las cordilleras como las de los Andes se debía buscar minerales. En general es así pero debe tenerse en cuenta que en los últimos 25 millones años la faja de actividad magmática se ha desplazado aproximadamente 700 km hacia el este desde la zona de interacción entre la placa americana y la pacífica, especialmente entre los 27° y 34° de Lat. sur, produciendo un conjunto importante de prospectos o áreas con expectativas serias (Paramillos de Uspallata (Mendoza), Gualcamayo, Gualilan (San Juan), La Carolina (San Luis), Farallón Negro (Catamarca), Famatina (La Rioja), entre otros importantes distritos. En la vertiente atlántica de la Patagonia, en lo que se conoce como área Extra-Andina se encuentra una segunda excepción. En las áreas conocidas como los macizos del Deseado (Santa Cruz) y Norpatagónico (Rio Negro y Chubut), se encuentra un área de aprox 1.000.000 km2 de rocas volcánicas de un tipo conocido como riolitas y que se generaron en vinculación con los procesos de apertura del Atlántico. En esas riolitas se encuentran extensos filones de oro y plata que han convertido a la Patagonia en zonas de intensa exploración. La tercera excepción se encuentra en los extremos más distales hacia el este del pie de los Andes. Resulta que en esa zona se encuentran los restos de fragmentos corticales muy antiguos cuya dinámica e interacción genero contextos mineralizantes muy distintos a los procesos andinos y que explican aquellos yacimientos muy antiguos como Aguilar (Pb,Zn), Pirquitas (Sn), Rinconada (Au) entre otros.
Significado económico. Si bien la exploración en detalle del patrimonio minero argentino no ha finalizado, los datos disponibles son contundentes. El valor total de los yacimientos ya explorados, no se conoce con precisión, tanto por falta de información ya sea oficial o privada, por cuanto parte es propaganda o información confidencial de las empresas. No obstante, con bastante seguridad el valor de los diez principales tipos de yacimientos identificados supera 1,3 billones (millón de millones) de dólares a los valores actuales de esos minerales (Tabla I). Se trata del cálculo realizado sobre los recursos o reservas de sólo 10 sustancias. Si se incorporan las estimaciones geológicas aún no demostradas, pero respaldados en el conocimiento geológico y metalogenético, esos valores ascienden a 4 billones de dólares. Si se ampliara la evaluación a los restantes minerales metalíferos y minerales y rocas de aplicación, las cifras crecerían sustancialmente. Se trata de valores espectaculares y el qué hacer y cómo hacer para su aprovechamiento no es un tema menor. Se trata de la dote que la naturaleza le regalo al territorio argentino. Es algo así como cinco Vacas Muertas, dispersas en todo el país que representa no menos de 10 veces el valor de nuestra deuda externa y equivale a decir que, en caso que se extrajera, cada argentino tendría al nacer una dote de entre U$S 50.000 y 150.000 dólares, según el éxito de la exploración.
Tabla I. Principales reservas y potencialidades de los minerales más importantes en la Argentina. Fuentes:- Recursos/Reservas, SEGEMAR memoria anual 2014, Zappettini, 2016. -Valor unitario LME, Panorama Mineroy otros, el valor de los boratos es tentativo, – Potencial Estimado, Zappettini, 2016.
Al igual que en el caso del petróleo, para extraer los minerales del suelo y el subsuelo hay que realizar grandes inversiones. También, es inevitable que en el proceso de extracción y concentración se pierde un porcentaje de los minerales, que en promedio se estima en no menos del 20%. Estos valores, impresionantes tal cual son refieren tan solo a lo ya conocido y a lo desconocido pero evaluado en forma muy conservadora, cuando se sabe que el potencial de muchos de los principales minerales metalíferos es muy superior. A la inversa, no se puede omitir, que cada vez será más difícil, complejo y costoso el descubrimiento y producción de los recursos no descubiertos, por ello es necesario alentar con insistencia a la exploración para logar poner en valor esos recursos.
Encrucijadas y posibilidades actuales. Como es público y notorio y se ha reiterado hasta el cansancio durante las últimas décadas (numerosísimos autores y políticos, Page, 2016), la minería es una alternativa estratégica mayor para la argentina. No obstante, por causas distintas, a lo largo de los años se ha visto que la industria minera jamás ha estado cerca de explotar plenamente su potencial conocido. Nada asegura que ahora sea distinto. La política minera vigente ha ayudado significativamente a generar un impulso importante; igualmente, siendo notable el crecimiento de los últimos 25 años, el mismo se aprovechó de toda la labor exploratoria del Estado durante 100 años. Ese Estado generoso que se conformó con precios ridículos para ceder la mayoría de las áreas en su poder (La Alumbrera se adjudicó en 20 millones de dólares y Sierra Grande se remató en 10 millones de dólares) y además ofreció ventajas promocionales muy importantes. Sin embargo, a pesar de todas las ventajas, aún hoy es muy pequeña la fracción de los yacimientos que se han convertido en minas en producción. A lo largo de su historia reciente se han sucedido los gobiernos militares, peronistas, radicales neoperonistas, gobiernos más de izquierda o más de derecha, todos con la intención de desarrollar el sector, pero parecería que en ningún caso han logrado desarrollar la ecuación justa. Como se suele decir aquí también parecería que lo esencial es invisible a la vista. A lo mejor lo que falta no son más leyes o decretos, lo que falta es lograr el compromiso social actualmente adverso a la actividad. El Gobierno está dando los toques finales a la actualización del Pacto Federal Minero iniciativa muy necesaria y muy oportuna, sin embargo, los temas de la comunidad y comunidades y las licencias sociales, todavía requieren mucha más atención que la que se le esta asignando. Muchas son las alternativas posibles para un programa nacional de desarrollo minero, pero todas requieren un en enorme salto en el proceso prospectivo y exploratorio y allí el SEGEMAR debería reasumir su rol, aggiornarse y ponerse a trabajar intensamente. Claro que esa es una decisión mayor y no va a suceder sin una muy fuerte decisión política. De todos modos, en tanto regulador y promotor, el Estado debería manejar la mejor y más actualizada información para articular sus políticas sectoriales y eso no parece estar sucediendo.
Angelelli, V. 1941. Los yacimientos minerales y rocas de aplicación de la República Argentina. Su geología y relaciones genéticas. Dirección Nacional de Geología y Minería. Boletín n° 50, Buenos Aires.
Angelelli, V. 1950. "Recursos minerales de la República Argentina. Parte I: Yacimientos Metalíferos", Revista del Instituto Nacional de Investigación de las Ciencias Naturales anexo al Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”. Ciencias Geológicas. Tomo II, 542p. Bs. As.
Angelelli, V. 1984. Yacimientos metalíferos de la República Argentina. Tomo I. Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata. UNLP. Instituto de Geología Aplicada.
Diario de Cuyo, 9 de febrero 2016. https://www.diariodecuyo.com.ar/suplementos/Volver-al- futuro- minero-interespor- antiguos-yacimientos- locales-20170208- 0143.html Montamat, D. G., 2015. Mineria y Desarrollo. El potencial minero argentino, desafíos y oportunidades. Informe del Estudio Montamat y Asociados.
Page, R. “Encrucijadas de la Minería Argentina”. 2016. Comité de estudios de Asuntos Energéticos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016
Sarudiansky R. y H. Nielson. 2016. Minería en la República Argentina. Centro de Estudios para la Sustentabilidad, Instituto de Ingeniería e Investigación Ambiental, Universidad Nacional de San Martín. Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencias http://aargentinapciencias.org/2/index.php/grandes- temas-ambientales/mineria- y-ambiente/76- mineria-en- la-republica- argentina.
SEGEMAR, Instituto de Geología y Recursos Minerales, 1999. “Recursos Minerales de la República Argentina”, Ed. E. Zappettini, Editor. Anales 35, T I y II, Buenos Aires.
Wikipedia. Minería en Argentina. 2015. https://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa_en_Argentina#Ubicaci.C3.B3n_y_productos_de_las_principa les_explotaciones_y.2Fo_exploraciones_.28marzo_de_2015.29
Zappettitini, E. 2016. “Aspectos metalogenéticos del noroeste argentino: modelos de depósitos y potencialidad”. Versión PDF de conferencia. En http://www.argentinamining.com/es/formcharlas/view?id=169 , Argentina Mining, 7 de setiembre 2016, Salta.
Nuestra época no se caracteriza ni mucho menos por una evolución lineal hacia un mayor consumo para el conjunto de la humanidad. Las enormes, y en algunos periodos crecientes, desigualdades de ingresos entre países pobres y países ricos son buena muestra de ello. Incluso si nos limitamos al mundo desarrollado, junto a etapas de fuerte crecimiento del ingreso y consumo per cápita -como en la llamada «edad de oro» del capitalismo generalmente datada entre 1950 y 1973- nos encontramos con etapas de lento o nulo crecimiento en las que el nivel de vida de gran parte de la población desciende dramáticamente.
Sin embargo, si comparamos la situación actual con la de cien años antes, la expansión del consumo en una parte importante de la humanidad sin duda puede caracterizarse de espectacular y supera las expectativas más optimistas. Es sobre esta realidad sobre la que se fue cimentando la confianza en el progreso económico sin límites y la que alimentó la esperanza de que los países pobres seguirían con mayor o menor rapidez la senda seguida por los más ricos; el propio lenguaje que distinguía entre países desarrollados y en vías de desarrollo evidenciaba esta creencia.
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En un artículo publicado a mediados de los años setenta, Georgescu-Roegen, uno de los autores de referencia de la corriente de pensamiento que hoy se conoce como economía ecológica o economía biofísica, se refería así a la enseñanza convencional de la economía: «Se le dice al principiante en las primeras sesiones de iniciación que el proceso económico es sólo un movimiento circular que se sustenta por sí mismo y que es autosuficiente entre los sectores de la producción y del consumo. Un tiovivo que, como todas las cosas mecánicas, también puede ser visto como un movimiento circular en dirección contraria, desde el consumo a la producción» y, con su habitual sarcasmo, añadía: «Este es el concepto del proceso económico si miramos sólo lo que ocurre al dinero, aunque incluso las muestras de poder adquisitivo -billetes y monedas- finalmente quedan inservibles y se deben reemplazar por otras nuevas. No se puede imaginar ni mayor ni más fatal fetichismo con respecto al dinero».
En las décadas posteriores al escrito anterior, la preocupación por los problemas ecológicos y la conciencia sobre la insostenibilidad -o insustentabilidad- del modelo económico de los países desarrollados han crecido e incluso han dado lugar a reuniones intergubernamentales muy publicitadas; sin embargo, la cita sigue describiendo la forma en que generalmente se explica Economía a los que se introducen en esta disciplina. El sistema económico se sigue presentando como un sistema básicamente cerrado, como un enorme entramado de flujos de dinero que relacionan a unas empresas con otras y a las empresas con los consumidores, a los agentes privados con las administraciones públicas y a unas economías con las otras.
Lo cierto es que el sistema económico forma parte de un sistema más amplio, la naturaleza o biosfera. La economía es un sistema abierto a la entrada de energía y de materiales que son, en último término, los únicos recursos que mantienen las actividades humanas ya que no sólo utilizamos continuamente energía y procesamos materiales sino que los que llamamos «bienes de capital» (como son las máquinas o los edificios) y los bienes de consumo duradero (como electrodomésticos o muebles) son el resultado del uso y de la acumulación de recursos naturales.
Más allá de la provisión de recursos y la absorción de residuos, el conjunto de ecosistemas representan una «infraestructura» sin la cual las diversas formas de vida actuales, tal como las conocemos y entre ellas la vida humana, serían imposibles. La construcción de «infraestructuras» -canales, carreteras, centrales eléctricas, edificios…- se ha considerado como el gran motor del desarrollo económico y ciertamente en gran parte lo ha sido pero es importante no olvidar que el resultado de dichas inversiones es solo una parte de las infraestructuras de las que dependemos y que a veces su desarrollo entra en contradicción con las «infraestructuras naturales» como son los ríos que canalizan las aguas o las complejas interrelaciones, que denominamos ecosistemas, entre los diversos organismos y entre ellos su medio.
El olvido de las interacciones entre la economía y la naturaleza podría intentar justificarse per la inevitable especialización y la necesidad de que los economistas se concentren en un único aspecto de la realidad, el sistema económico, dejando de lado lo que está fuera de las fronteras de este sistema. Todo depende, sin embargo, del propósito del análisis. Si, como se señala en un reciente artículo, uno quiere estudiar las características de la artesanía de juguetes de madera, el estudio puede olvidarse de los bosques que sirven para proveer de madera a esta actividad; pero si uno se preocupa por el análisis y gestión del sistema económico en su conjunto en este fin de milenio «es obligado tener en cuenta lo que está fuera de las ´fronteras del sistema´»
Para entender la magnitud actual de los diversos problemas ambientales, a los que generalmente nos referimos con el término crisis ecológica, es fundamental referirse a dos cambios históricos.
El primero tiene que ver con el hecho de que las economías modernas (especialmente las economías desarrolladas, que además generalmente sirven de modelo al resto del mundo) tienen un funcionamiento radicalmente diferente al propio de los ecosistemas naturales que estudian los ecólogos. Estos últimos -como también las economías que caracterizan a la mayor parte de la historia de la humanidad- se basan de forma prácticamente exclusiva en el uso -directo e indirecto- de una fuente continua de energía, la procedente del sol, y en el uso de los materiales de forma básicamente cíclica. En cambio, la mayor parte de la energía utilizada por las economías modernas proviene del uso masivo de combustibles fósiles y los flujos de materiales son en gran parte lineales. El ejemplo más claro de lo último es el de las materias primas que provienen de la minería y que se transforman y, antes o después, se convierten en residuos que no solo no se reutilizan sino que generan problemas, pero también es el caso de la agricultura que no renueva sus nutrientes o de la explotación forestal no sostenible.
La segunda característica es que la economía humana -debido al crecimiento de la población y de los niveles de consumo per cápita- ha adquirido una escala cada vez mayor, un hecho al cual diferentes economistas se han referido utilizando expresiones metafóricas. En un famoso artículo publicado en los años sesenta Boulding escribió que habíamos de pasar de una imagen de la «economía del cow boy», que ve la expansión económica como si siempre existiesen nuevos territorios a conquistar, a una imagen de la «economía de la nave espacial Tierra» en la cual se trata de utilizar unos recursos limitados con el máximo de eficiencia. Más recientemente, Daly se ha referido al paso de un mundo relativamente «vacío» de actividad humana a un mundo «lleno» en el cual la actividad humana ocupa una mayor parte de espacio con lo que la presión ambiental adquiere una nueva dimensión y tiende a reducirse el espacio disponible para otras especies.
El enorme flujo de energía y materiales removidos anualmente para cubrir las demandas humanas es un buen indicador de este cambio de escala como lo es el hecho, relacionado con el anterior, de que hoy las actividades antropogénicas no solo alteran las condiciones ambientales locales sino que sus efectos ecológicos adquieren una dimensión global. Un buen ejemplo de lo último es la alteración de los niveles de concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera fruto principalmente de la quema de combustibles fósiles que generan cada año más de 20 mil de millones de toneladas de dióxido de carbono. Otro indicador proviene de la creciente apropiación por parte de los humanos de la «producción primaria» (tal como la definen los ecólogos, es decir, la materia orgánica obtenida mediante la fotosíntesis). En un estudio muy citado se estimó que la parte de la producción primaria neta (es decir la producción primaria total o bruta una vez descontada la utilizada para la respiración de los «productores») potencial de los ecosistemas terrestres apropiada por los humanos se aproximaba al 40%: en esta cifra se incluía tanto la materia orgánica utilizada directamente (alimentos, leña para combustible,…) como la producida en todos los ecosistemas fuertemente dominados por los humanos (plantaciones forestales, alimentos para el ganado, materia orgánica producida en las tierras de cultivo pero no consumida,…) y la que se deja de producir por cambios en el uso del suelo (por ejemplo, urbanización, conversión de bosques en pastizales,…). Independientemente del margen de error de esta cifra, el orden de magnitud (sea el 40, el 30 o el 25%) parece ser tal que pone de manifiesto el cada vez menor espacio disponible para el resto de especies y evidencia los límites al crecimiento: doblar, triplicar o cuadriplicar el tamaño de la economía exigiría disponer de varias biosferas; sin duda, podemos aspirar a «desarrollarnos» en el sentido de cambiar a mejor pero lo que no podemos hacer es replicar más o menos lo mismo a una escala cada vez mayor (ni tampoco mantener lo mismo a muy largo plazo).
Aunque muchas veces se han identificado los dos términos, «desarrollo económico» es una expresión que puede tener un significado muy diferente al significado de «crecimiento económico» tal como lo definen los economistas, es decir, crecimiento de magnitudes tales como el PBI. Cuando se dice que una economía se desarrolla se suele querer indicar que evoluciona económicamente hacia una situación mejor y, por tanto, el término tiene un componente valorativo. Crecimiento del PBI no necesariamente implica más desarrollo y, a la inversa, el desarrollo podría coexistir con el estancamiento o incluso la disminución de dichas magnitudes. «Desarrollo sostenible» es, pues, una expresión ciertamente ambigua pero no mal enfocada o contradictoria ya que intenta expresar la necesidad de hacer compatibles el aumento del bienestar y la reducción de la presión sobre los sistemas naturales. «Crecimiento sostenible» es, en cambio una expresión o contradictoria, si por crecimiento entendemos el sentido más restringido de aumento de escala, o mal orientada, si por crecimiento entendemos el aumento de unas magnitudes que imperfectamente miden la actividad económica que comporta transacciones de mercado (incluyendo los servicios de las administraciones públicas valorados por su coste) y cuyas correlaciones con, por un lado, los impactos ambientales y, por el otro, el bienestar no son en absoluto simples.
La existencia de «límites al crecimiento» y el hecho evidente de que uno de los factores claves de la actual crisis ecológica es el aumento de la escala de la actividad económica no debería conducirnos a concluir que la solución a dicha crisis reside en el «crecimiento cero» o «estado estacionario». Las cosas son mucho más complicadas. Si lo que pretendemos es vivir mejor y más equitativamente sin comprometer el bienestar de las generaciones futuras entonces de lo que se trata no es tanto de limitar o reducir el PBI como de reestructurar la economía. Algunas actividades deberían promocionarse y otras desincentivarse y las técnicas utilizadas deberían evolucionar en la línea de lo defienden los que utilizan el término «ecología industrial», quienes insisten en el necesario cambio de rumbo hacia sistemas energéticos basados en las energías renovables y en la utilización más eficiente de energía y materiales y en la reutilización de éstos.
La problemática ecológica no solo es local sino global pero las responsabilidades son desiguales de forma que la discusión sobre la «sostenibilidad» o «sustentabilidad» no puede evadir las cuestiones distributivas, es decir, la discusión sobre la equidad intrageneracional.
Actualmente se habla mucho de las economías más ricas como de economías «postindustriales» supuestamente más basadas en la información que en el flujo de recursos naturales y en las que los energívoros sectores industriales tradicionales habrían dado paso a sectores económicos menos «materiales». Algo hay de verdad en ello pero el hecho es que las sociedades ricas no se están en absoluto desmaterializando. Según una investigación, el movimiento total de materiales ligado al estilo de vida de les economías más ricas es enorme y no está disminuyendo; el estudio estima que a principios de siglo el flujo total de materiales que hacía posible este estilo de vida era de 84 toneladas anuales per cápita para los Estados Unidos, de 76 para Alemania y de 45 para Japón. Estos números que (con toda la provisionalidad que implica la dificultad de disponer de datos fiables) pretenden incorporar todos los materiales (incluyendo los combustibles fósiles) requeridos, tanto los directos como los «ocultos» (como son los movimientos de materiales no aprovechados ligados a la minería o a la construcción de infraestructuras) y tanto se obtengan o alteren dentro como fuera de las fronteras nacionales.
La diferencia entre las economías desarrolladas y los países pobres o en vía de desarrollo no es que las últimas dependan más de los recursos naturales que las primeras ya que sucede lo contrario. Globalmente se estima que el 20% de la población mundial, la de los países más ricos, utiliza el 80% de los recursos naturales totales. Una importante diferencia es la distancia a la que pueden buscarse recursos: mientras que la dependencia de los países pobres es básicamente respecto a sus recursos locales, los países ricos pueden ir a buscar muchos recursos allá donde se encuentran porque tienen capacidad de compra para importarlos.
No solo existe una importante asimetría en el acceso a los recursos sino también en el tipo de «impactos ambientales» que se generan y que deben soportarse. Muchos de los impactos ambientales que se derivan de las pautas de consumo del mundo rico se manifiestan en lugares del mundo muy alejados y facilitan que tengamos acceso a bienes de importación relativamente baratos porque no pagamos por los efectos negativos que la producción de dichos bienes provoca sobre las personas y los ecosistemas. En cambio, muchos de los problemas que sobre todo se generan en el mundo desarrollado generan un importante riesgo ambiental para el conjunto del mundo. Es por ejemplo el caso ya citado de la alteración climática cuya principal causa son las emisiones de CO 2 asociadas del mundo desarrollado. La desigualdad en las responsabilidades dificulta enormemente la adopción de una política efectiva sobre el tema que necesariamente tiene que ser de ámbito mundial. Los países desarrollados aceptan como máximo compromisos de estabilización o de tímidas reducciones de sus emisiones (como en el convenio de Kyoto, que además es muy posible que ni siquiera se cumpla) mientras en algunos lugares del mundo, como la China y otros países asiáticos, las emisiones crecen formidablemente aunque el hecho de que sus emisiones aún sean muy inferiores a la media mundial les legitima para argumentar que no están dispuestos a asumir ningún compromiso. La única vía equitativa para que los países menos desarrollados se incorporasen a la política sería reconocer que los derechos de emisión actuales han de ser igualitarios lo que equivaldría a aceptar que, mientras los niveles de emisión per cápita sean diferentes, los países ricos como mínimo deberían compensar de alguna forma a los que no utilizan sus derechos… Incluso puede argumentarse con buenas razones que los países ricos, que históricamente se han arrogado sin pagar nada a cambio un derecho de uso y abuso de un bien común, tienen una «deuda ecológica» respecto a los países pobres.
La historia de la economía humana y en particular el enorme aumento, con la industrialización, del consumo en una parte del mundo, se ve muy diferente según donde se sitúen las fronteras del análisis económico. Donde la economía tradicional sólo ve inversión de capital, progreso técnico y crecimiento de la productividad del trabajo, la economía ecológica insiste también en la base material de los cambios tecnológicos: el paso de una economía basada en los flujos, directos o derivados, de energía solar a una economía basada en la extracción de los stocks de energía acumulados en lentos procesos geológicos y en el acceso masivo a todo tipo de minerales. La extracción no debería confundirse con la «producción» aunque la economía convencional, ciega a las realidades físicas que hay detrás de las actividades que generan «valor añadido», hable sin problemas de «producir» petróleo o hierro de la misma forma que todo el valor de la madera o el pescado vendido forma parte de la producción forestal o pesquera sin atender a si las talas o capturas disminuyen o no los stocks previos de recurso. Igualmente, se habla de consumo «final» como si los residuos desapareciesen cuando los bienes ya no proporcionan «utilidad» a los consumidores.
El lenguaje revela cuales son las preocupaciones. Un ejemplo particularmente claro es el del análisis de la «agricultura moderna». La mayor parte de economistas afirmaría sin vacilación que el paso de la agricultura «tradicional» a la «moderna» debe valorarse como un aumento de la productividad. La perspectiva de la economía ecológica, en cambio, destaca, a partir de la metodología de los balances energéticos, el contraste entre el aumento de la productividad del trabajo y la disminución de la productividad del conjunto de inputs energéticos. La productividad del trabajo aumenta pero la actividad agraria se convierte en muy dependiente del subsidio externo de energía, fundamentalmente no renovable. Esta dependencia es tan grande que, incluso, la energía obtenida en forma de alimentos tiene un contenido energético inferior al de los inputs utilizados. Esta perspectiva destacaría también los efectos ecológicos negativos que a veces acompañan a la agricultura «moderna» tales como menor biodiversidad, contaminación de las aguas per exceso de fertilizantes o contaminación «difusa» derivada del uso masivo de pesticidas.
Adviértase que con ello no se deduce que el cambio en las técnicas agrarias deba juzgarse automáticamente negativo pero sí se evidencia que los aspectos positivos -como es indudablemente la reducción de los requerimientos de trabajo por unidad de producto- van acompañados de efectos negativos. Todos ellos deben tenerse en cuenta en la gestión económica que no debería guiarse únicamente por medidas parciales de productividad o por la rentabilidad relativa en términos monetarios de las diferentes técnicas.
Los economistas teóricos suelen creer mucho en la capacidad de los mercados para orientar las decisiones económicas por el camino de la eficiencia. El argumento -que se remonta, como mínimo, a Adam Smith y que ha sido formalizado matemáticamente por la economía moderna- se basa en una idea muy sencilla: si nadie obliga a las dos personas implicadas a realizar una transacción económica libre y éstas deciden realizarla, entonces las dos personas salen beneficiadas. En otras palabras, cualquier transacción libre de mercado mejora a algunos sin perjudicar a nadie.
Sobre este argumento puede discutirse mucho y, entre otras cosas, puede enfatizarse que los mercados son ciegos a las demandas no solventes, es decir, a aquellas demandas que no van acompañadas de suficiente poder de compra. Pero aquí me interesa destacar otro punto. Prácticamente todas las decisiones económicas afectan a «terceros». Ocurre así en las decisiones de grandes inversiones, como cuando una compañía eléctrica tiene que decidir entre instalar una nueva central eléctrica de carbón o un parque eólico, pero también en las decisiones cotidianas más elementales que sumadas determinan la evolución de determinadas problemáticas ambientales.
En las decisiones de empresas y consumidores no están en juego, pues, solo sus intereses sino también los intereses de otros. A veces esto es evidente, como cuando las emisiones de una central térmica de carbón degradan muy perceptiblemente un espacio forestal o cuando una empresa química introduce un nuevo producto sobre el que hay motivos para pensar que comporta importantes riesgos. Pero, como apuntábamos, a menudo los efectos de cada decisión individual son mucho menos perceptibles como cuando los humos de un coche individual contribuyen -de forma mínima, es cierto- al calentamiento global. Aparentemente nadie es responsable de ciertos problemas pero todo el mundo lo es y el efecto agregado es una pérdida de bienestar, un mayor riesgo o incluso una catástrofe para la colectividad. La racionalidad individual expresada en un determinado contexto institucional juega contra el interés colectivo.
La imagen tradicional de la «mano invisible» de Adam Smith, tan apreciada por los economistas, tendría que completarse con la del «codo invisible» para utilizar la acertada analogía que Jacobs utiliza en su excelente libro The Green Economy según la cual las empresas y los consumidores dan golpes a terceros cuando persiguen sus intereses individuales, a veces de forma muy clara pero a menudo de forma involuntaria y prácticamente imperceptible. La calidad ambiental es lo que los economistas denominan un bien público (es decir, que afecta a toda una colectividad y que se «consume» no de forma privada sino colectiva) y ya hace mucho que la teoría económica ha establecido que el mercado puede -bien o mal- servir para proveer bienes privados pero no bienes públicos.
La conclusión es que los valores monetarios que guían las decisiones de mercado (por ejemplo, los costes monetarios relativos de, por ejemplo, la energía nuclear o la energía eólica o los costes monetarios nulos de tirar una botella de cristal a la basura) no tienen en cuenta todos los efectos de estas decisiones y por tanto no pueden conducir a resultados eficientes. Muchos costes se «externalizan» y no influyen en nuestras decisiones. Ello es suficiente para justificar la necesidad de la política ambiental, de la intervención política para alterar los resultados de los mercados. La idea de «internalizar» los costes ambientales ha dado lugar a que muchos economistas defiendan los impuestos ecológicos o ambientales para conseguir que los «precios digan la verdad». El argumento es que, si el problema es que existen costes que no recaen sobre el que toma las decisiones, entonces la solución es introducir impuestos de cuantía igual a tales costes porque así lo que es un coste social se convertiría en un coste privado. Aunque simpatizo mucho con la propuesta de dar un papel creciente a los impuestos ambientales, creo que deben hacerse dos advertencias importantes.
La primera es que, en general, no existe una forma razonable de valorar los daños o riesgos ambientales en unidades monetarias especialmente cuando los daños son de larga duración -o incluso irreversibles- y cuando existen fuertes incertidumbres científicas sobre la magnitud -o incluso sobre la existencia o no- de dichos daños o riesgos. Si ello es así, la decisión sobre la cuantía de unos hipotéticos impuestos ambientales siempre será polémica y más que hablar del impuesto «óptimo» (como temerariamente hacen muchos economistas) deberíamos ser más modestos y reconocer que el nivel de impuestos es una decisión política (por mucho que deba basarse en la mejor información científica disponible) que depende de las prioridades, que deben discutirse por el conjunto de la sociedad, y de las actitudes frente a la incertidumbre. Respecto a este último aspecto, la economía ecológica ha planteado el principio de precaución como guía de decisión ante la incertidumbre. Se trataría de intentar minimizar el posible «arrepentimiento futuro» de nuestras decisiones actuales. Es importante darse cuenta que el principio de precaución no implica ser especialmente pesimista sino únicamente creer en la posibilidad de la peor de las hipótesis. Uno puede considerar muy poco probable el resultado «desastroso» pero actuar para evitarlo a toda costa. Por ejemplo, aunque uno sea escéptico sobre las peores previsiones sobre los efectos del cambio climático uno podría considerar que su posibilidad es suficientemente grave como para justificar que la fiscalidad sobre los combustibles fósiles aumente muchísimo para reducir su uso porque, si no tomamos hoy decisiones importantes, en el futuro ya no podremos volver atrás.
La segunda cuestión a advertir es que cambiar los precios relativos o hacer pagar por cosas que antes no tenían precio es solo uno de los muchos posibles instrumentos de política ambiental. Cuál es el mejor instrumento de intervención en cada caso concreto es un tema de gran importancia y que no puede resolverse de forma exclusivamente técnica porque siempre existen efectos distributivos que afectan diferencialmente a diferentes sectores sociales. Si se quiere combatir el cambio climático pueden utilizarse incentivos monetarios, impuestos a los combustibles fósiles o subvenciones a las «energías limpias», pero también puede intervenirse de muchas otras formas: por ejemplo, invirtiendo en transporte público frente a infraestructuras de transporte privado o poniendo unos requisitos mínimos de eficiencia en las emisiones de los vehículos.
De la misma forma que muchos economistas tienen una resistencia casi instintiva frente a la idea de que el gobierno intervenga para alterar los precios relativos o frente a la idea de que surjan nuevas normativas sobre qué puede hacerse y que no puede hacerse, la mayoría de economistas actuales se han educado en la macroeconomía que ve la maximización de determinadas magnitudes como el objetivo económico primordial. No solo los economistas tienen esta formación sino que los políticos generalmente han hecho suyo este objetivo.
El papel que juegan en la política magnitudes como el PBI es en cierta forma paradójico si tenemos presentes la frecuencia y variedad de las críticas que se han referido a estos indicadores. La realidad es que, a pesar de las críticas, la posición dominante es la que Stiglitz recoge (después de explorar algunas críticas) en su manual de introducción a la economía: «No parece probable que ningún método para medir el bienestar nacional vaya a reemplazar los cálculos basados en el PBI (…) Los cálculos del PBI parecen relativamente sencillos y exentos de juicios de valor».
Des del punto de vista que aquí nos interesa, podemos destacar cuatro aspectos. El primer que, como señalábamos, los precios relativos que sirven de base para sumar las diferentes actividades económicas (¿cómo sumar si no es en dinero la producción de coches y la de maíz?) están sesgados porque no recogen todos los costes sociales (no incluyen los costes «externos»). Otros precios relativos darían otras tasas de crecimiento (o de decrecimiento).
El segundo aspecto es que les magnitudes tradicionales solo se fijan en un aspecto relacionado con el bienestar económico, la disponibilidad de bienes y servicios (excluyendo, además, la mayor parte de los que no pasan por el mercado) que se consumen o acumulan en forma de inversión lo que posibilita un mayor consumo futuro. Sin embargo, el bienestar, la calidad de vida, también depende de la «calidad ambiental». Si la calidad ambiental fuese independiente de las actividades de producción y consumo, podríamos decir que con las magnitudes tradicionales solo nos fijamos en uno de los componentes del bienestar, el único que sería competencia de los economistas. Sin embargo, el hecho de que los impactos ambientales son el aspecto oculto -no reflejado en la contabilidad- de las actividades que sí medimos en su aspecto positivo, obliga a que el análisis económico tenga que considerar estos aspectos si no quiere distorsionar la realidad.
En tercer lugar, los propios impactos y riesgos ambientales dan lugar muchas veces a gastos monetarios que, como todas las demás, se contabilizan en el PBI como nueva producción de bienes y servicios. Sin embargo, estos gastos -que se han llamado «defensivos» o «compensatorios»- frecuentemente no tienen por finalidad tanto obtener nuevas cosas como aproximarse en la medida de lo posible a una situación previa de menor impacto y riesgo ambiental. Por tanto, no solo nos olvidamos la mayoría de las veces de los costes ambientales sino que dichos costes aparecen muchas veces en el «activo» en vez de en el «pasivo» como pasaría si, por ejemplo, el gasto sanitario se dispara por la mayor incidencia de determinadas enfermedades ligadas a la contaminación.
Finalmente, es importante profundizar sobre la idea teórica de ingreso (o «renta») que utilizamos los economistas. John Hicks decía que el cálculo del ingreso de un período tenía como objetivo «dar a la gente una idea de la cantidad (máxima) que pueden consumir sin empobrecerse». Cuando se distingue entre la producción bruta de un país (que puede medirse, con pocas diferencias que aquí no nos interesan, mediante el PBI y la producción -o el ingreso o renta- neta se utiliza el término depreciación o amortización del capital para indicar que una parte del valor de la producción se tiene que destinar a hacer frente a la pérdida, al desgaste, de capital (máquinas, edificios,…) y mantener intacta la capacidad productiva. En definitiva, el PBI representaría la cantidad de dinero que se podría destinar a consumo sin empobrecimiento, sin vivir a costa del capital ya existente sino de los ingresos que éste genera. En otras palabras, y aunque en este contexto no se acostumbre a utilizar el término, las magnitudes netas representarían los consumos que son «sostenibles».
Algunos autores han destacado- y con mucha razón- que a veces se olvida un hecho importante: el patrimonio natural también se degrada como es evidente cuando se utiliza un recurso energético no renovable pero también cuando un recurso renovable se utiliza de forma no sostenible con el resultado de disminuir el stock de recurso. Para poner un ejemplo, el valor de la pesca se suma en su totalidad (reservando sólo una cantidad para amortizar los barcos e instrumentos de pesca) cuando se calcula la renta o producción en términos netos de forma que no podemos distinguir si el nivel de pesca es o no sostenible, es decir, si -para utilizar un símil financiero- estamos viviendo del «capital» o de sus «intereses». Sin embargo, es obvio que los niveles de pesca en determinadas áreas no son sostenibles y que la disminución de las poblaciones conlleva que a corto plazo tengamos que hacer más y más inversiones para mantener la misma captura y que a largo plazo tengamos que disminuir la captura.
Las magnitudes macroeconómicas no nos dan pues indicios de cómo evolucionan las relaciones entre el sistema económico y su entorno y ello exige, en mi opinión, más que corregir estas magnitudes para elaborar un mejor indicador, disponer de información mucho más detallada que nos permita conocer la presión ambiental de las diferentes actividades económicas. Ellos nos permitiría conocer mejor los aspectos positivos y negativos de las diferentes opciones de política económica. Sin dicho conocimiento es imposible una buena gestión económica.
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