En Argentina no hay crisis energética, pero la importación de gas y algunos derivados del petróleo nos está costando divisas muy necesarias para el desarrollo. En este contexto, el acuerdo con Chevron nos parece fundamental para compensar la declinación de los yacimientos convencionales. Se ha planteado desde lo político que el acuerdo lesiona nuestra soberanía y que es para cubrir las necesidades de petróleo de Estados Unidos. Sin embargo, estas operaciones son práctica habitual en nuestro país y en el mundo, pagando las regalías y los impuestos correspondientes, y teniendo la obligación de abastecer primero el mercado interno. Además, el acuerdo plantea una meta de 50 mil barriles diarios en cinco años, una cifra que no puede definir el futro de la empresa Chevron –que produce tres millones diarios–, ni de los Estados Unidos.
Desde lo económico, se plantea que se dan prerrogativas que no corresponden. A nivel energético, todos los países del mundo no sólo dan prerrogativas sino que además dan subsidios para asegurarse energía. Acá sólo se promueve la inversión con un bajísimo costo fiscal que va a generar empleo de calidad y desarrollo de proveedores locales.
También se alerta sobre la tecnología del fracking y sus consecuencias. Este alarmismo es infundado y contrasta con la experiencia en Estados Unidos, donde ya se han perforado más de cien mil pozos con esta tecnología y donde han ocurrido sólo algunos problemas ambientales al comienzo de las operaciones, cuando la tecnología estaba todavía en una fase experimental. Además, la formación Vaca Muerta se encuentra a más de 2.400 metros de profundidad, y muy lejos de los acuíferos, por lo que los peligros de contaminación son ínfimos.
El 86% de la energía primaria en nuestro país proviene del petróleo y el gas, cifras similares a nivel mundial. Así será por mucho tiempo, por lo que el acuerdo es correcto.
