Tras el acuerdo con el Club de Paris, el yacimiento Vaca Muerta pasó a ser la principal puerta de entrada a la que apuesta el Gobierno para que comiencen a ingresar los dólares que engruesen las reservas del Banco Central y alivianen la restricción cambiaria. Todo indica que en el mediano plazo también será el salvoconducto para revertir el déficit energético que este año podría trepar a los 9.000 millones de dólares. Por eso, apenas sellado el arreglo financiero, el Ejecutivo nacional puso primera y les presentó el lunes pasado a los diez gobernadores de las provincias petroleras el borrador de un proyecto de ley que busca promover las inversiones privadas en la producción de hidrocarburos no convencionales.
La iniciativa alarmó en un principio a los mandatarios provinciales porque sentían que estaban metiéndoles la mano en una de sus principales fuentes de ingresos. Pero en el encuentro en Olivos la presidenta Cristina Fernández les garantizó que la nueva norma no afectará los derechos que las provincias adquirieron tras la reforma constitucional de 1994. De todos modos, algunas de las propuestas del Ejecutivo nacional no convencen a los mandatarios provinciales que se comprometieron a hacer una contrapropuesta para el próximo lunes. Esta tensión entre el gobierno central y los mandatarios provinciales surge a partir de la nacionalización de YPF y el rol estratégico que esta pasó a jugar en la inversión y asociación con las petroleras multinacionales.
A partir de la reforma constitucional y ratificada por la denominada Ley Corta sancionada en 2007, las provincias pasaron a tener el dominio de los yacimientos y por lo tanto son las que establecen las condiciones de inversión y la forma de participación en la explotación de los hidrocarburos con las empresas petroleras. Este nuevo esquema representó una formidable fuente de ingresos para las provincias petroleras. De acuerdo con los registros de la Secretaría de Energía, sólo por la producción de petróleo las provincias en su conjunto pasaron de recaudar 370 millones de dólares en 1998 a 1.540 millones en 2013. La captura de la renta se produce fundamentalmente por dos vías: el cobro de regalías y la creación de empresas provinciales que se asocian con las petroleras que explotan las áreas asignadas. En este último caso, las compañías estatales no realizan ninguna inversión y participan de las utilidades. A este sistema, en el negocio energético se lo conoce como acarreo. Con respecto a las regalías, las provincias establecen en cada acuerdo el porcentaje a cobrar sobre la producción.
Para Miguel Galuccio, presidente de YPF y autor intelectual del nuevo proyecto de ley, el esquema dispuesto por las provincias ahuyenta la llegada de inversiones porque entiende que disminuye la Tasa Interna de Retorno (TIR) de los proyectos y encarece el crédito necesario para desarrollar las áreas. Por eso el borrador que se llevaron los gobernadores para sus provincias establece la eliminación del sistema de acarreo y establece un tope de 12 por ciento con respecto a las regalías que pueden cobrar las provincias. Queda abierto por lo tanto un debate acerca de si estas iniciativas no entran en colisión con la autonomía lograda por las provincias a través de la Ley Corta.
Nicolás Gadano, abogado de YPF durante la gestión de José Estenssoro y autor del libro Historia del petróleo en la Argentina, considera que es imprescindible crear una nueva ley que regule la actividad de los hidrocarburos y que no necesariamente afectará los intereses de las provincias. “Con la Ley Corta el rol federal de la Nación no quedó afuera del sector sino que las provincias ejercen el dominio y es el Estado federal el que lleva adelante la política energética. Pero los cambios que se produjeron en el sector a partir de la aparición de los hidrocarburos no convencionales obligan a contemplar la nueva realidad del sector. Las provincias tendrían que respetar y tener condiciones uniformes porque no podemos tener un marco regulatorio y pliegos de condiciones específicos para cada provincia. Si seguimos con ese esquema va a ser muy difícil atraer inversiones”, afirma. Gadano apunta específicamente a las empresas provinciales. “Las provincias terminan forzando una asociación en la que no ponen plata porque no la tienen y generan un sobrecosto para la inversión que puede derivar en que finalmente los proyectos no se lleven adelante”, advierte.
Víctor Bronstein, director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad, coincide con Gadano en la necesidad de crear un nuevo marco regulatorio. Pero entiende que lo ideal sería crear una normativa que reemplace a la Ley Corta. “En el actual esquema donde el Estado argentino recuperó YPF como una herramienta estratégica de su política energética, la Ley Corta genera una complicación. Pone a las provincias como autoridad de aplicación, cuando es el Estado nacional el que tiene que garantizar la seguridad energética y por lo tanto establecer los criterios de inversión y producción de hidrocarburos”. Desde su óptica, “habría que crear una agencia nacional de hidrocarburos, como hicieron Colombia, Brasil y recientemente Perú, que se encargue de administrar el sistema de concesiones. Es lo que más favorecería la llegada de inversiones”, afirma. De todos modos, reconoce que políticamente es inviable derogar la Ley Corta. Pero cree que al menos será necesario que las provincias unifiquen criterios con la Nación “porque en el actual esquema hay demasiados actores”.
Precisamente, el proyecto que los gobernadores se llevaron para analizarlo establece que no será obligatorio que las petroleras que exploten las áreas de hidrocarburos se tengan que asociar con las empresas provinciales. A cambio de esa concesión se crearán dos fondos que irán a las arcas de las provincias. Uno tiene que ver con la cesión de un 0,5 por ciento de la inversión para un fondo de responsabilidad social empresaria y el otro del 1 por ciento de la inversión destinado a obras de infraestructura.
De prosperar, el esquema propuesto por Galuccio desarma el sistema que implementó el gobernador Jorge Sapag en Neuquén, justamente donde se encuentra el yacimiento Vaca Muerta. La empresa estatal Gas y Petróleo ya no podrá tener una participación de entre el 10 y el 15 por ciento en las futuras concesiones como mantiene en las vigentes. Para atenuar el impacto, Sapag propondrá en la próxima reunión que esta vez Gas y Petróleo aporte capital para poder asociarse con las multinacionales y establecer un canon de ingreso que deberán pagar las petroleras. También tratará de elevar el tope de regalías a percibir, que en el proyecto oficial está pautado en 12 por ciento.
El proyecto prevé también una serie de facilidades para las empresas que inviertan en los no convencionales, en un esquema muy similar al que se estableció en el acuerdo con Chevron. Se ampliará a 35 años el plazo de concesión para áreas de recursos no convencionales y de 30 para áreas marítimas, frente al de 25 años que rige actualmente para los convencionales. Para aquellas empresas que superen los 250 millones de inversión en tres años se les permitirá, a partir del quinto año, exportar el 20 por ciento de la producción sin pagar retenciones y podrán disponer libremente de las divisas obtenidas.
Por el momento, los gobernadores no realizaron declaraciones altisonantes. Esperan que de acá a la reunión del próximo lunes logren flexibilizar algunas de las cláusulas. El ministro de Planificación, Julio De Vido, es el principal interlocutor con el que cuentan.
Por lo pronto, se mostraron dispuestos a llegar a un punto de encuentro. El propio Sapag adoptó una posición conciliadora y reconoció que se necesita crear un nuevo régimen jurídico para captar las inversiones que se necesitan para el desarrollo de los recursos no convencionales. “La preocupación de la Presidenta (Cristina Fernández de Kirchner) es compartida por todos: el país importa gran cantidad de gas y combustibles, este año las erogaciones por importaciones de gas van a rondar los 9.000 millones de dólares, el déficit de la balanza de pagos. Por lo tanto, hay que ahorrar esas divisas y para eso hay que poner en producción todos los yacimientos”, aseguró.
A su vez, Martín Buzzi, gobernador de Chubut, al día siguiente de la reunión en Olivos celebró junto a Galuccio el aniversario del gremio petrolero local, en un yacimiento no convencional descubierto recientemente por YPF. Allí adelantó que va a adherir al proyecto de ley porque “va a permitir al Estado poner entre el 20 y el 30 por ciento del crudo de los no convencionales en el mercado internacional y disponer libremente de esas divisas”.
Una vez logrado el respaldo político de los gobernadores, el proyecto ingresará por el Senado de la Nación. Una de las comisiones por la que tendrá que pasar es la de Energía, que está presidida por el neuquino Guillermo Pereyra, quien al igual que Sapag pertenece al Movimiento Popular Neuquino pero milita en una corriente interna opuesta. Ante Veintitrés, Pereyra planteó algunas objeciones sobre el borrador propuesto por el Gobierno. “Lo que trascendió hasta ahora no me gusta nada”, advierte. “Si avanzan sobre las regalías y los ingresos brutos que establecen las provincias, están violando la Constitución nacional y el dominio que tienen las provincias sobre los hidrocarburos”, completa. Como titular de uno de los gremios petroleros, también plantea su preocupación porque puedan ser cercenados los derechos laborales. “He escuchado que quieren encuadrar las condiciones de trabajo a partir de esta ley, cuando el marco de discusión lo da el convenio colectivo de trabajo que establece la ley 14.250. Los trabajadores no vamos a permitir que se avance sobre ese derecho”, aseguró.
El principal argumento que esgrime el gobierno nacional para convencer a los gobernadores es que si no ceden posiciones será mucho más difícil que lleguen las millonarias inversiones que requieren los recursos no convencionales. Un escenario que no beneficia a nadie porque si los recursos no se extraen, ni el gobierno nacional ni las provincias contarán con dividendos para repartir.
Guillermo Pereyra
Senador MPN y presidente de la Comisión de Energía
“Si avanzan sobre las regalías y los ingresos brutos que establecen las provincias, están violando la Constitución nacional y el dominio que tienen las provincias sobre los hidrocarburos”.
Nicolás Gadano
Ex abogado de YPF
“Las provincias terminan forzando una asociación en la que no ponen plata porque no la tienen y generan un sobrecosto para la inversión que puede derivar en que finalmente los proyectos no se lleven adelante”.
Víctor Bronstein
Director del Centro de Estudios de Energía
“A partir de la recuperación de YPF, es el Estado nacional el que tiene que garantizar la seguridad energética y por lo tanto establecer los criterios de inversión y producción de hidrocarburos”.
Original: http://veintitres.infonews.com/nota-31940-politica-Las-reglas-del-juego.html
