Por Víctor Bronstein, Medio Página 12.
La energía es un campo de conocimiento donde confluyen las ciencias sociales con las naturales. Esta perspectiva académica, que permite comprender en toda su complejidad la cuestión energética, se traduce en términos de gobierno como que la gestión de la energía requiere de conocimientos técnicos y sabiduría política.
Estos dos elementos han faltado en los tres años de gestión energética del gobierno de Macri y son la causa principal de su desconcierto, que lo llevó a cambiar tres ministros en tres años y a poner como fundamento de su gestión el aumento de las tarifas. La renuncia de Iguacel y el nombramiento de Lopetegui como nuevo secretario de energía parecieran agravar esta situación. Aranguren e Iguacel tenían, por lo menos, conocimientos técnicos y cierta visión estratégica en un campo donde las políticas de mediano y largo plazo son imprescindibles. Con Lopetegui, la política energética pareciera reducirse a una cuestión de costos, tarifas e impacto fiscal.
Sin embargo, la energía es la base de la vida y la sociedad y nuestras sociedades modernas se caracterizan por ser sociedades de alta energía donde el consumo energético es una medida de la calidad de vida de los ciudadanos. El gobierno plantea, para justificar los permanentes aumentos tarifarios, que hay que pagar la energía por lo que vale, confundiendo así el costo de la energía con el valor de la energía. El valor de la energía está dado por el hecho de que, en nuestro país y en el mundo, es considerada un derecho social y los estados deben ocuparse de tutelar este derecho estableciendo políticas de acceso a la energía, más allá de su costo.
Así, la electricidad y el gas se definen como un servicio público y el Estado es el responsable del servicio y de establecer las tarifas. En nuestro país, a partir de las reformas de la década de los 90, es un servicio público de gestión privada y por eso la definición de las tarifas genera tensiones permanentes entre las empresas prestadoras de los servicios y los usuarios. Es en esta tensión donde el Estado debe establecer los criterios para una política energética que contemple distintos criterios. Uno de ellos, propio de la lógica individualista neoliberal, es definir que se pague por la energía lo que cuesta. Otro, más inclusivo, es reconocer el derecho a la energía y que el Estado establezca la manera de alcanzar este objetivo.
Es en este punto donde el gobierno tiene un planteo equivocado al poner el énfasis sólo sobre los costos y negar los subsidios por una cuestión de principios. Europa y EE.UU. han desarrollado sus políticas energéticas en base a subsidios y con una estrategia a largo plazo. Desde garantizar el acceso a la energía hasta promover políticas para el desarrollo de los biocombustibles con el objetivo de disminuir su dependencia del petróleo importado. Una política energética no puede establecerse sólo a partir del impacto fiscal. Es más, en los países desarrollados que el gobierno toma como ejemplo, la política energética se sustenta en dos pilares: Seguridad Energética y Accesibilidad. En Argentina, la seguridad energética sólo se garantiza con el autoabastecimiento de gas y petróleo, por eso es correcto subsidiar el desarrollo de Vaca Muerta, aunque tenga un costo fiscal.
Un ejemplo de política energética estratégica es EE.UU. En ese país, el Departamento de Energía se ocupa de cuestiones regulatorias junto con las distintas comisiones estaduales de servicios públicos, cuyos integrantes son elegido por voto popular Sin embargo, la política energética depende del Departamento de Estado, ya que consideran a la energía una cuestión de seguridad nacional. Por eso, subsidiaron el desarrollo de los recursos no convencionales, las energías renovables y mantienen una flota en el estrecho de Ormuz para garantizar la salida del petróleo de los países del Golfo. El costo fiscal es enorme, pero entienden que el valor de la energía es mucho más que su costo. Como contraste, en la Argentina de hoy, la Secretaría de Energía depende del Ministerio de Hacienda y su preocupación es cumplir con el FMI.
La complejidad de la cuestión energética emerge una vez más al tratar de compatibilizar la seguridad energética y la accesibilidad. Esto genera una tensión esencial: las tarifas deben ser lo suficientemente altas para garantizar las inversiones necesarias para la seguridad energética, pero también lo suficientemente bajas para que toda la población tenga acceso a la energía. Para resolver esta tensión esencial hace falta sabiduría política, algo que el gobierno, hasta ahora, no ha mostrado.
* Director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad. Profesor UBA.
