Los nuevos vientos de Trump y su revisión de la política energética de las administraciones demócratas soplaron fuerte en el CERAWeek de la semana pasada en Houston, mostrando, justamente, la politización de algunas instituciones energéticas y agencias ambientales, además de la presión sobre las decisiones empresarias que ahora comienzan a revisarse.
Tal vez el caso más paradigmático de este cambio sea el discurso de Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, quien giró ciento ochenta grados respecto a sus afirmaciones de hace apenas cuatro años, reconociendo ahora la preocupación por la seguridad energética global, que fue el objetivo fundacional de la Agencia con sede en París, pero que la narrativa de la transición trastocó y puso a Birol en un papel cercano al ridículo por sus inconsistencias técnicas.
En 2021, la AIE publicó su hoja de ruta para alcanzar el net zero en 2050. En ese documento imaginario, sin fundamentos en la realidad, Birol anunció: “Basándose en las herramientas y la experiencia de modelado de energía inigualables de la AIE, esta Hoja de Ruta establece más de 400 hitos para guiar el viaje global a la red cero para 2050. Estos incluyen, a partir de hoy, no invertir en nuevos proyectos de petróleo y gas, y ninguna otra decisión final de inversión para nuevas plantas de carbón. Para 2035, ya no habrá ventas de vehículos con motor de combustión interna, y para 2040, el sector eléctrico mundial ya habrá alcanzado emisiones netas cero. había recomendado no invertir en nuevos proyectos de petróleo y gas para alcanzar las metas climáticas”.
Birol se olvidó de esas declaraciones y ahora enfatiza la necesidad de invertir en yacimientos existentes. Esto se debe al declive natural de los campos actuales y a la importancia de los combustibles fósiles para satisfacer la demanda energética mundial.
Con estas últimas declaraciones queda claro que eso de “la experiencia y los modelos inigualables de la AIE” era una excusa, o una farsa, para alinearse con la decisión política de los países de la OCDE en su objetivo de transición energética para salir de la dependencia de los combustibles fósiles. Un objetivo geopolítico más que ambiental.
Ahora, Birol está cediendo ante las prioridades energéticas de Trump, ya que, como informa Reuters, «EE. UU. aporta alrededor de una cuarta parte de la financiación de la Agencia Internacional de Energía». Billetera mata galán.
El informe de Reuters es una insinuación reveladora sobre que EEUU está presionando a Birol, obligándolo a decir lo que quiere oír. Una nueva verdad en lugar de la verdad anterior. ¿Y la ciencia? ¿Hubo algún nuevo descubrimiento en el campo de la energía para cambiar de verdad tan rápidamente? No pareciera. Entonces surge una pregunta bastante incómoda: ¿quién le pagó a Birol para que cantara la canción contraria durante los últimos cinco años?
La AIE ha sido el organismo de vigilancia energética de los países industrializados durante más de medio siglo, definiendo la política de seguridad energética a partir de garantizar el suministro y promover las inversiones necesarias para alcanzar ese objetivo. Su rol es centrarse en lo que sus miembros consideren importante para la seguridad energética futura.
Hoy, la transición energética está mostrando sus debilidades y la dificultad de reemplazar a los combustibles fósiles. Hemos planteado repetidamente en nuestros informes que la transición energética es un proyecto político y económico más que un compromiso ambiental, una especie de keynesianismo verde sustentado en discutibles evidencias científicas que ha definido la agenda de gobernanza global.
Después del giro de Birol, muchos se preguntan quién ha financiado estas posturas. El problema es que no solo no se ha hablado públicamente del aspecto financiero de los avances de la transición, porque los medios de comunicación han sido muy cuidadosos al evitar por completo divulgar el componente financiero de las motivaciones de la AIE. La credibilidad de la AIE sufrió un duro golpe. La narrativa de la transición empieza a descomponerse.
Trump no sólo cambió la política energética, también replanteó el rol de la OTAN y la defensa de Europa en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania. En este escenario, empieza a discutirse la estrategia europea de transición energética.
La realidad que tiene que aceptar Europa es que, en el futuro previsible, las operaciones de defensa seguirán dependiendo en gran medida de los hidrocarburos. Los tanques, los aviones y los barcos requieren grandes cantidades de combustibles derivados del petróleo para funcionar. Un informe del Centro Holandés para la Política Energética Internacional (CIEP), «A Game of Jenga with European Industry», advierte sobre el frágil estado del sector de refinería y la base manufacturera de Europa, un factor crucial que a menudo se pasa por alto en los debates sobre seguridad.
Una cuestión también relevante es el impacto de las agresivas políticas de transición energética de Europa en su seguridad y capacidades industriales. El Pacto Verde de la UE, el Informe Draghi y el nuevo Ómnibus Europeo, aprobado el 26 de febrero de este año, impulsan una rápida reducción de las emisiones y la electrificación de la industria. Si bien estas metas entran dentro de objetivos medioambientales aparentemente nobles, como todo lo que tiene que ver con la transición energética, son incompatibles con las urgentes necesidades de seguridad de Europa.
El implacable impulso de Bruselas para la implementación estricta del Acuerdo de París corre el riesgo no solo de paralizar sectores industriales clave, como el acero, el aluminio y la construcción naval, sino también de socavar la preparación de defensa de Europa.
El informe del CIEP advierte que, sin la producción nacional de materias primas, componentes y hardware, las adquisiciones de defensa se convierten en una ilusión. Europa no solo necesita preservar su base manufacturera, sino expandirla para hacer frente a las vastas inversiones en defensa previstas para los próximos años. Empresas como Krups, Tata Steel, Volkswagen, Damen Shipyards y VDL son esenciales para reforzar las capacidades de defensa de Europa. Sin apoyo, Europa seguirá dependiendo de Estados Unidos, Corea del Sur, Israel y Turquía para abastecer sus necesidades militares, lo que la hará vulnerable a los cambios geopolíticos.
Para poner esto en perspectiva, los ingresos totales de la industria de defensa europea han rondado los 200.000 millones de dólares (excluyendo a Turquía) en los últimos años. Esa cifra tendrá que crecer sustancialmente para absorber la afluencia de nuevos gastos en defensa. Sin embargo, los costos de la transición limitan ese crecimiento, y sin energía y materiales fiables basados en hidrocarburos, los ejércitos y las armadas de Europa quedarán varados. Es hora de repensar las políticas verdes.
El informe concluye reconociendo que el mundo ha cambiado. El lobo feroz ya no es el calentamiento global, sino la amenaza militar en las fronteras de Europa. Si los líderes europeos no reevalúan su agenda de bajas emisiones de carbono, corren el riesgo de poner en peligro la seguridad del continente. Es necesario suspender las políticas verdes más extremas. Seguramente Birol también escuchó estas advertencias para justificar su giro. Más vale tarde que nunca, pero su credibilidad creemos que no tiene retorno.
