Por Pablo Galand
Durante la campaña electoral, Mauricio Macri prometió que en caso de llegar a la presidencia no iba a iniciar una ola privatizadora ni recortar los programas sociales. Sin embargo, en estos cinco meses de gestión, el macrismo –de manera paulatina pero constante– va desarmando el modelo de administración pública construido durante los gobiernos kirchneristas, bajo la lógica de que las mejores herramientas para frenar la inflación son la reducción del gasto público y de la emisión monetaria. El nuevo rumbo que empiezan a adoptar las empresas estatales, las medidas decididas por funcionarios que antes fueron CEOs de grandes corporaciones y la subejecución de partidas presupuestadas durante la anterior administración, obedecen a la reconfiguración de un Estado que entiende que debe ser el mercado el que regule las fuerzas productivas.
El cambio de mando en YPF y el perfil que busca imprimirle el macrismo con la llegada de Miguel Gutiérrez –ex CEO de Telefónica de Argentina y ex gerente financiero en Argentina del JP Morgan– marcan un giro rotundo en la intención con la que el anterior gobierno nacionalizó la petrolera. Si bien se trataba de un horizonte a largo plazo, el objetivo del kirchnerismo era recuperar la soberanía energética. Con un contexto internacional desfavorable a partir de la caída internacional del precio del petróleo, el ex CEO de la compañía Miguel Galuccio logró que YPF produjera un 29% más de gas y un 11,54% más de crudo que en 2012, cuando asumió. La gran apuesta de Galuccio fue desde un principio los recursos no convencionales del yacimiento Vaca Muerta, cuyo desarrollo requería de un programa a largo plazo. Como lo marcan sus antecedentes, la gestión de Gutiérrez apuntará más a lo financiero que a lo estratégico. En consecuencia, Vaca Muerta dejó de ser una prioridad y la empresa se dirige hacia un fortísimo ajuste que inevitablemente provocará una baja en los niveles de producción. El nuevo directorio ya aprobó para este año un recorte de inversiones del 25% y un plan de racionalización que prevé dejar cesantes a 2.000 empleados.
Un proceso similar al de YPF atraviesa Aerolíneas Argentinas, la otra gran empresa nacional que pasó a manos del Estado durante el kirchnerismo. Esta semana se hizo pública una carta que la titular de la compañía, Isela Costantini, distribuyó entre los empleados, donde les comunica que el Gobierno redujo “en forma significativa” los subsidios para este año y por lo tanto reclama un esfuerzo extra para recortar gastos. Como reveló Veintitrés en el mes de marzo, Gustavo Lopetegui, CEO de LAN Argentina hasta que asumió como secretario de Coordinación de Políticas Públicas de la Jefatura de Gabinete, pasó a tener una injerencia directa en el nuevo diseño de la compañía aérea estatal. Apostó a un fenomenal achique de rutas áreas y de personal, más fuerte aun que el propuesto por Costantini. Con la reducción viajes con destinos a Lima, Barcelona, Nueva York y Roma, la gran beneficiada fue LAN, la compañía que justamente en la Argentina comandaba Lopetegui hasta diciembre del año pasado.
LAN no es la única empresa que resulta beneficiada por una medida tomada por un funcionario que antes fue su CEO. Un caso idéntico es el que se da con el ministro de Energía, Juan José Aranguren, ex CEO de Shell y aún accionista de la petrolera. Para el traslado del gasoil y fueloil previsto para este año, la empresa Cammesa –controlada por el Ministerio de Energía– licitó la contratación de ocho barcos. Siete de ellos quedaron en manos de Shell Western, una empresa subalterna de la petrolera anglo-holandesa. El desempeño de la ex empleadora de Aranguren fue superior al del año pasado, donde resultó beneficiada con cuatro de esos cargamentos. Además, Shell Western ganó este año los dos cargamentos de petróleo crudo que se importaron para abastecer a las refinadoras del país.
Para Aranguren no hay conflicto de intereses y en un nota enviada al auditor interno del ministerio solicitó que “verifique si ha existido algún tipo de participación, directa o indirecta, del que suscribe”.
Pero no todos piensan igual que el ministro. El bloque de diputados del Frente Renovador elaboró un informe en el que denuncia que funcionarios del Ministerio de Energía tomaron medidas que terminaron beneficiando a las empresas en las que trabajaron hasta hace poco. Destaca que ante la Oficina Anticorrupción Aranguren reconoció que todavía posee acciones en Shell, “compañía que tiene intereses en la producción de petróleo y gas natural”.
Garantía… de retiro
El retiro del Estado en la economía que promueve el macrismo también se evidencia en los planes del Gobierno con respecto a las acciones que posee la ANSeS a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Se trata de bonos y acciones de empresas que tenían las AFJP y que pasaron a manos del Estado con la nacionalización del sistema previsional. El FGS, que en la actualidad se estima que representa 65 mil millones de pesos, no sólo constituye un reaseguro para el sistema previsional, sino que también fue utilizado en ocasiones por los gobiernos kirchneristas como un fondo anticíclico que ayudó a apuntalar la economía en áreas en las que podía generarse pérdida de puestos de trabajo por la caída de la actividad.
El Gobierno aspira ahora a vender esas acciones con el argumento de que con esos fondos podrían afrontar los cerca de 50.000 juicios con sentencia firme que ganaron jubilados que se vieron perjudicados por el recálculo de haberes. Sin embargo, la venta de esas acciones es un viejo reclamo de entidades del establishment como la Asociación Empresaria Argentina, que no quiere que el Estado tenga acceso privilegiado a información de grandes empresas como Techint, Clarín o Telecom. En octubre del año pasado, en plena campaña electoral, el por entonces presidente de la Fundación Pensar y hoy ministro de la Producción, Francisco Cabrera, había propuesto que en caso de que Mauricio Macri llegara a la presidencia, podría “vender en bloque las acciones de empresas del FGS a fondos de pensión internacionales, que podrían elegir colocar directores con el objetivo de maximizar el valor de las compañías”. Casualidad, o no tanto, Cabrera fue fundador y CEO de la AFJP Máxima.
Lo cierto es que al Gobierno no le resultará sencillo avanzar en esa iniciativa. El año pasado, poco antes de que Cristina Fernández culminara su mandato, el Congreso aprobó una ley que establece que cualquier venta de las acciones del FGS debe hacerse con la aprobación de una mayoría especial del Poder Legislativo, es decir, los dos tercios de ambas cámaras.
Subejecución de partidas
El achique del Estado que impulsa el macrismo se evidencia también en la subejecución de partidas presupuestarias y que no sólo afecta a áreas sensibles, sino que además trae aparejados cortocircuitos con los gobiernos provinciales. De acuerdo con un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), durante el primer trimestre de este año el gobierno nacional giró 32% menos a las provincias en concepto de transferencias de capital, en comparación con el mismo período de 2015. Se trata de fondos destinados a obras públicas, correspondientes a convenios directos realizados entre las provincias y Nación y que son independientes de los recursos que corresponden por coparticipación federal. Según el estudio del Iaraf, el gobierno nacional giró apenas la mitad de lo que estaba previsto para esta altura del año.
El incumplimiento de esos fondos resintió la relación de la administración nacional con los gobernadores.
Las consecuencias quedaron expuestas en la intransigencia que encontró el equipo de Mauricio Macri en el Senado cuando intentó frenar el proyecto de ley que prohíbe los despidos.
Pero no solo las provincias sufren el recorte presupuestario. En la mayoría de los ministerios nacionales se produjo una subejecución de las partidas asignadas. El caso paradigmático es el Ministerio de Interior, que centralizó gran parte de las áreas que durante el kirchnerismo correspondían al Ministerio de Planificación y que están vinculadas a la obra pública. Justamente, un sector clave en lo que tiene que ver con la reactivación de la demanda laboral. En el global, la cartera que conduce Rogelio Frigerio sólo ejecutó un 6% de lo presupuestado, cuando a esta altura del año tendría que haber utilizado un 30%. El mismo porcentaje ejecutó el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. En tanto que el de Producción y el de Cultura emplearon un 11% de lo asignado. Como consecuencia de estos recortes es que han se han disminuido o directamente desmantelado programas como el de Salud Sexual y Reproductiva, Plan Jóvenes Más y Mejor Trabajo, Progresar o Conectar Igualdad.
Decidido a no emitir, el Gobierno apuesta al crédito externo que se abre tras el acuerdo con los fondos buitre para afrontar el gasto público de un Estado más reducido. Una historia ya conocida y sufrida por los argentinos.
Des-Conectar
Guillermo Fretes, responsable del proyecto Educar, llegó al gobierno nacional desde la empresa Despegar. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado aseguran que su arribo puso en riesgo los puestos de trabajo de una importante cantidad de creativos de contenidos pedagógicos del programa Conectar Igualdad, ya que la intención de Fretes sería ceder dicho programa a empresas informáticas multinacionales. “El Gobierno dice que el programa sigue, pero lo que va a seguir es un reparto de electrodomésticos con una empresa detrás, y para eso ya se anotó Microsoft”, afirmó Javier Castrillo, uno de los impulsores del software libre Huayra con el que funcionan las casi 5.500.000 computadoras entregadas.
Una mirada de corto plazo
Opinión, por Víctor Bronstein. Director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad
La potencialidad de recursos no convencionales que encierra el yacimiento Vaca Muerta abrió la posibilidad de que la Argentina recupere el autoabastecimiento energético. Ese fue el objetivo a largo plazo que se planteó Miguel Galuccio cuando asumió en YPF, tras la nacionalización que llevó adelante el gobierno de Cristina Fernández. Con la llegada de Juan José Aranguren al Ministerio de Energía, la prioridad pasó a ser la garantía de la energía, más allá de donde provenga. Se pasó de una mirada más estratégica a una que busca solucionar el corto plazo.
Toda empresa mixta –como es el caso de YPF– tiene una tensión de origen entre el beneficio que buscan de los accionistas y el rol de cumplir con las políticas estratégicas del Estado. Daría la impresión de que el nuevo directorio de YPF apunta a priorizar la rentabilidad de los accionistas, lo cual no significa que sea perjudicial para el Estado porque justamente es quien tiene el mayor paquete accionario.
A su vez, la conformación de YPF, con representatividad de las provincias, le quita margen de acción a la compañía de tomar acciones promercado. Fue lo que pasó con la intención original de Aranguren de alinear el precio local del petróleo al internacional, pero se encontró con la oposición de los gobernadores que no estaban dispuestos a resignar los ingresos por regalías.
Original: http://www.veintitres.com.ar/article/details/61291/un-estado-chiquito
