ENCRUCIJADAS DE LA MINERIA ARGENTINA

Por Roberto F.N. Page

El gobierno argentino ha expresado la intención defortalecer la industria minera y al mismo tiempo impulsar el desarrollo sustentable. En ese contexto es importante entender las verdaderas luces y sombras de una actividad tan central y sensible de nuestra geografía. Se trata ni más ni menos que delaprovechamiento y administración de las riquezas naturales de nuestro territorio. En ese sentido se presentan algunas consideraciones con la intención de colaborar para dilucidar las oportunidades y amenazas que caracterizan al sector en la actualidad.

El potencial minero argentino y sus posibilidades de crecimiento

Por su gran territorio, historia geológica, la presencia de la cordillera andina y el mínimo aprovechamiento anterior de sus recursos minerales, la argentina tiene un potencial minero muy grande. La lista de minerales metálicos y no metálicos, así como los distintos tipos de sales y rocas es inmensa. La exploración de tan grande patrimonio es incompleto y si bien los datos disponibles son contundentes, el valor de los minerales aún no descubiertos puede ser aún mayor según las expectativas de muchos especialistas. Si bien no se conoce el valor total de los yacimientos ya explorados, tanto por falta de información oficial o independiente, por cuanto parte es propaganda o información confidencial de las empresas, con bastante seguridad el valor de los minerales ya identificados en los principales yacimientos supera los 1,5 billones de dólares a los valores actuales de esos minerales. Esa cifra representa varias deudas externas completas y equivale a decir que, en caso que toda esa riqueza se extrajera, cada argentino tendría al nacer el equivalente a una dote de aproximadamenteu$s40.000. Al igual que en el caso del petróleo, para extraer esas inmensas riquezas hay que realizar enormes inversiones. También, es inevitable que en el proceso de extracción y concentración se pierde más del 20% del valor. En concreto, o de manera contundente,se trata de cifras espectaculares y el qué hacer y cómo hacer para su aprovechamiento no es un tema menor.Estos valores,impresionantestal cual son refieren tan solo a lo ya conocido, cuando se sabe que el potencial de muchos de los principales minerales metalíferos es muy superior al ya descubierto. A la inversa, no se puede omitir, que cada vez será más difícil, complejoy costoso el descubrimiento y producción de los recursos no descubiertos, por ello es necesario alentar con insistencia a la exploración para logar poner en valor esos recursos.

Desde otro ángulo, se debe destacar que más allá de los vaivenes de los mercados, los resguardos de valor ante las recurrentes crisis financieras mundiales y las consecuentes variaciones en el precio de los commodities, el país ha sabido manteneruna dinámica de exploración y puesta en marcha de yacimientos metalíferos, interesante. Lentamente a lo largo de estos años se ha ido conformando una red y estructura de negocios que involucra a todos los múltiples sectores y subsectores relacionados: geólogos exploradores, emprendedores, proveedores de ingeniería y servicios, laboratorios, logística, financistas, abogados, periodistas, medios, que 20 años atrás hubiera parecido increíble. No obstante, aún pecando de reiterativo, debe indicarse que los proyectos en desarrollo son pocos, conocidos desde hace ya demasiados años y que es perentorio incentivar la prospección y exploración. Son muchos los mecanismos posibles, pero en cualquier caso el estado debe tener la capacidad de entender y liderar estos procesos, situación lejana a la actual.

Medio ambiente y comunidades: efectos de una política equivocada

La relación entre las empresas mineras y las comunidades raramente ha sido pacífica. Ya desde comienzos de la década del 90, aún antes de la promulgación de las nuevas leyes mineras, las comunidades catamarqueñas cercanas al yacimiento La Alumbrera, reiteradamente expresaron su preocupación primero y casi simultáneamenteoposición a lo que percibían como un peligro al medio ambiente, provocado por un avance de los capitales multinacionales y lo consideraron el saqueo de los recursos naturales de la argentina, primero de los metales, y, del agua poco después. Esa oposición expresada en innumerables protestas y expresiones mediáticas, tuvo un hito significativo cuando en el año 2003 la comunidad de Esquel por temor a hipotéticas contaminaciones, masivamente se opuso al desarrollo del yacimiento de oro El Desquite. El tema Esquel se convirtió en el eje político que liderado por el entonces candidato Mario Das Neves le permitiólograr la gobernación de Chubut y en cumplimiento de las promesas de la campaña electoral, ese mismo año la provincia promulgo la ley 5001 que prohibió en el territorio provincial las actividades mineras extractivas a cielo abierto y el uso de cianuro, ley aún vigente. Una situación similar se produjo en La Rioja frente al posible desarrollo de los yacimientos del Famatina y la fuerte oposición de la comunidad de Chilecito que terminaron en una ley restrictiva.A diferencia de lo sucedido en Chubut, una vez logrado el efecto electoral, la norma fue derogada. A medida que fueron avanzando los proyectos de exploración minera, en la mayoría de los casos las comunidades se opusieron categóricamente. En el transcurso de los años se fueron reproduciendo en diferentes lugaressituaciones similares a las de Chubut y La Rioja. El dialogo con las comunidades ha sido particularmente inadecuado y la falta de experiencia y capacidad de los distintos estamentos involucrados, incapaces de establecer un dialogo mínimo que permita generar propuestas superadoras, ha generado situaciones tan lamentables y muchas veces violentas, como los conflictos generados en Esquel, Jacobacci, Tinogasta, Fiambalá, Belen/Andalgala, Chilecito, Jachal, Salinas Grandes, entre tantos otros ejemplos. En laactualidad hay leyes restrictivas a la minería metálica en Chubut, Tucumán, Mendoza, La Pampa, San Luis, Córdoba y Tierra del Fuego. En Río Negro y La Rioja las leyes se derogaron pero la oposición de las comunidades no disminuyó en absoluto. Un caso particular es Jujuy donde no existen restricciones legales pero el diálogo con las comunidades es muy complicado. Durante los gobiernos de N. Kirchner y C. Fernández los máximos funcionarios del Ministerio de Planificación y la Secretaria de Minería consideraron que la mejor política hacia la oposición de las comunidades era ignorarlasya quesegún ellos, su reconocimiento solo lograría aumentar su importancia, influencia y nocividad, en esencia, fortalecerlas. Esa visión se ha traducido en un llamativo desinterés por hacer los mínimos esfuerzos por enseñar, explicar, argumentar, convencer y difundirqué sí, es posible la minería responsable y que la sustentabilidad minera es alcanzable en la medida que se articule el interés de las empresas con las comunidades y los gobiernos nacional, provincial y municipal.Como resultado de esa política tan irresponsable, esos movimientos anti mineros han logrado instalar en los medios de comunicación, en amplias capas de la población y aún en algunos los centros de investigación que la gran minería es contaminante e irresponsable, que pone en peligro la disponibilidad de agua y más aún, en esenciaque lo está sucediendo es que la argentina está siendo víctima del saqueo indiscriminado de su patrimonio. Un aspecto colateral ante la presión de las comunidades es la sobreactuación de las empresas, organismos y en ocasiones funcionarios, que ante el más mínimo incidente manifiestan mediáticamente sus hipotéticas preocupaciones ambientales sin atinar a incorporar en ningún momento conceptos, ideas o propuestas superadoras. Ejemplos clásicos han sido y son los derrames del mineraloducto en la Alumbrera y el circuito de concentración en Veladero que han convertido pequeños incidentes, obviamente lamentables, reprochables y penalizables, pero sin impacto real alguno o significativo, en crisis ambientales catastróficas, manejo que no solo no le hace bien a nadie sino que empeora las ya pésimas relaciones entre empresas y comunidad.

Ausencia de la Ciencia, científicos y la falta de instituciones con capacidad de emitir dictámenesde última instancia.

En ocasión del derrame en Veladero en setiembre de 2015, la provincia de San Juan solicitó a la UNOPS (organismo experto de Naciones Unidas) evaluar los posibles daños y eventuales fallas operacionales o metodológicas.El peritaje demostró que la contaminación fue menor, local y que a los pocos días sus efectos habían desaparecido. En otro ejemplo, cuando en 2005 una denuncia de Greenpeace indicó que en el subsuelo de Ezeiza existía contaminación de uranio debida a mala gestión de la CNEA, el gobierno argentinocontrató un peritaje internacional (Organismo Internacional de Energía Atómica, Organización Mundial de la Salud, Organismo Panamericano de la Salud, FAO, OIT y otros organismos) para saber la verdad y en última instancia dictaminar fehacientemente la causa del problema. El peritaje dictaminó que no había contaminación radioactiva. En ambos ejemplos y otros que no es del caso detallar (Derrames en el mineraloducto de La Alumbrera, el Inventario Nacional de glaciares, contaminación en Esquel, tecnología limpias, usos del cianuro, gestión de acuíferos en el caso de salares, etcétera, etcétera)el Estado no ha entendido la necesidad ni ha tenido la voluntad de emitir los dictámenes necesarios utilizando las propias capacidades del Estado. Esos informes hubieran podido contribuir a entender e informar en tiempo y forma las causas y efectos de los incidentes, eventuales responsabilidades y en caso de haberlas, culpabilidades y siempre aconsejar y asesorar tanto a las empresas como a las comunidades.

Es de hacer notar que tanto en el ámbito minero nacional (SEGEMAR), como entre los restantes organismos científico tecnológicos del Estado (INA, CNEA, INTI, entre otros) y el ámbito académico, existen numerosos centros de excelencia que deberían ser involucrados en forma sistemática,asignándoseles responsabilidades específicas de monitoreo y análisis. Claro está que para que puedan ser creíbles se requiere su despolitización e independencia. Este un aspecto derivado de la falta de credibilidad de las instituciones públicas, aún las científicas, que debe ser tratado seriamente y superado lo antes posible.

En el caso del SEGEMAR, centro científico tecnológico de la Secretaría de Minería de la Nación, es necesario lograr que se revitalice y recupere su esplendor para así poder asumir nuevos roles para los cuales está especialmente bien preparado y que hoy carecen de expresión en las instituciones públicas: Entre ellos, 1. lograr la capacidad de emitir dictámenes finales en relación a los conflictos mineros y ambientales mineros y 2. Proveer asistencia científica a las comunidades en la mediación de los conflictos con las empresas mineras.

El Federalismo debe reforzarse

Una de las peculiaridades argentinas es su federalismo. Posiblemente sea el único país de Latinoamérica que administre sus recursos naturales en forma federal en tanto Brasil igualmente federal o más, en minería se administre en forma centralizada. En ese sentido Argentina es similar a Australia, Alemania, Canadá o Estados Unidos. Sin embargo, las diferencias subnacionales (en política, economía, recursos) en Argentina hacen que las capacidades de negociación de las provincias y municipios menos desarrollados sean muy distintas a las de lasotras más desarrolladas o, a las de los organismos nacionales. Para subsanar estas asimetrías en 1993 se promulgo la Ley del Pacto Federal Minero. De acuerdo con esa Ley, el instrumento operativo para coordinar criterios y operatorias fue el Consejo Federal Minero (Cofemin). Lamentablemente en los últimos años el Cofemin fue primero vaciado de contenido, posteriormente dejo de ser convocado y a partir de 2012 los principales temas comenzaron a ser tratado por la Organización Federal Minera, organismo equivalente en minería a la organización de provincias hirdocarburíferas. En su momento el Acuerdo Federal Minero, posteriormente convertido en ley fue un instrumento de gran valía. En su momento el Proyecto PASMA hizo mucho para convertir los acuerdos políticos en herramientas operativas (catastros on line, procedimientos unificados, criterios homogéneos frente a la contaminación, entre otros ejemplos). El problema es que esos trabajos se realizaron mediante consultorías financiadas por el Banco Mundial. Cuando se terminó el financiamiento se terminaron las operatorias comunes y muchos sistemas dejaron de ser funcionales.Ahora después de tantos años de manejo centralizado es necesario ratificar o renegociar los acuerdos; en el mismo sentido, muchas cuestiones que a la fecha del Acuerdo Federal Minero no fueron tratadas hoy deben ser incorporadas a la agenda minera, debatidos en profundidad y acordados.

Diagnostico complicado

En síntesis, décadas después del establecimiento de la actual política minera y su marco normativo, la minería argentina genera percepciones distintas, casi opuestas: El éxito de una política de Estado para algunos o, el saqueo de los recursos naturales por las multinacionales para otros. Afortunadamente la Argentina tiene hoy nuevamente la oportunidad y la obligación de replantear sus decisiones estratégicas. La elección de mantener el statu quo y que todo siga el mismo curso es hoy inviable. En siete provincias la conflictividad vinculada a la minería es tal que se ha prohibido la extracción de metales a cielo abierto o el uso del cianuro. Esas prohibiciones incluyenalgunos de los más importantes yacimientos argentinos, entre ellos los mayores de plata del mundo o el principal yacimiento de uranio de argentina que se encuentra en esas provincias. O, como en el caso del litio en Jujuy, las necesarias regulaciones tecnológicas y de vinculación con las comunidades requieren de un nivel de diálogo entre todos los actores queno parece posible, sin ajustes importantes al sistema minero nacional.

En su momento se hablaba del boom minero, posteriormente del boom de tres empresas y recientemente del contraste entre el relato y la realidad.Sin embargo, hasta en su versión más reducida, con los grandes proyectos en suspenso y siete provincias con la minería interdicta la pujanza y dinamismo del sector es innegable. Al mismo tiempo y con la misma vigencia, durante todos estos años se ha constituido un movimiento anti minero igualmente significativo que debe entenderse y atenderse. Los reclamos a veces son difíciles de satisfacer, pero en esencia y en general son perfectamente legítimos. Lamentablemente, se ha perdido la batalla comunicacional y el diálogo entre los distintos actores es limitado, precario, conflictivo e ideologizado. Más aún, las corporaciones y los funcionariospolíticos sobreactúan su preocupación por el medio ambiente y la sustentabilidad, pero las propuestas superadoras tardan en conocerse. Es en este contextoen el que debe reflexionarse y construir una política más adecuada a la época y realidad.

La Gran oportunidad que ofrece la minería

La Argentina tiene en la minería una oportunidad única para el desarrollo de áreas generalmente remotas y postergadas, para las que la minería posiblemente sea junto con el turismo una de las muy pocas alternativas de desarrollo económico genuino. Asimismo, la minería ofrece una fuente de recursos que bien administrados puede cambiar sustancialmente y para mejor, las finanzas nacionales en todos sus estamentos.

Sin embargo, a la luz de las experiencias de los últimos años no parece probable que la Argentina aproveche al máximo sus riquezas naturales a menos que,

  • – Los conflictos relacionados con la minería seanatendidos con la máxima prioridad y mediados con los preceptos más avanzados de la ciencia y la sustentabilidad y el diálogo con las comunidades sea comprometido, consistente y responsable.
  • – El Estado y sus organismos recuperen la credibilidad y se construyan espacios institucionales calificados que puedan emitir dictámenes de última instancia, El federalismo argentino debe fortalecerse y ser respaldado por el aparato del estado nacional.
  • – La ciencia, los científicos y los organismos especializados participenen forma libre e independientedel debate sobre la gestión del territorio y sus recursos
  • – Se incentive fuertemente la exploración.
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